La normalización de la violencia física o verbal hacia la mujer entre la sociedad mexicana propicia que comentarios como los realizados por los senadores del Partido de la Revolución Democrática, en los que se asumen como “usuarios” de actividades de trata de personas, sean considerados como una broma y no como un síntoma de la falta de conocimiento sobre esa problemática, coincide un grupo de investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
“Es la falta de sensibilidad y de capacitación acerca de la trata y el tráfico de personas y, sobre todo, la normalización de un modelo machista donde está incorporada la explotación sexual, que es tan natural y tan común que pueden, incluso, desligarlo de su responsabilidad política”, afirmó María Antonia Chávez, académica de esta Casa de Estudio y miembro del Capítulo México del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas.
“Deja ver el prejuicio y las ideas que tienen sobre la violencia y el maltrato a las mujeres. Sus palabras naturalizan esa manera nefasta de ver la realidad y más grave proviniendo de legisladores que deberían cumplir un papel de defensa y apoyo a los ciudadanos”, expresó Ricardo Fletes, jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUCSH
Sin percatarse que los micrófonos estaban encendidos, los senadores perredistas Luis Sánchez Jiménez y Fernando Mayans comentaron que podían discutir sus “derechos como usuarios de trata”, lo que provocó la risa de ambos.
La conversación se dio durante el análisis de reformas a la Ley General contra la Trata de Personas, el pasado 27 de octubre. Días más tarde, los funcionarios públicos se disculparon en sus redes sociales y aseguran que la charla fue “sobredimensionada” y que sólo se trató de un “comentario de mal gusto”.
El hecho suscitó una polémica en el sector político y propició que el Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y el Tráfico de Personas emitiera un pronunciamiento donde repudiaron el suceso y exigen “la reparación del daño y garantía de no repetición”, además de “una disculpa pública formal de reconocimiento de hechos”.
“Constituye una vergüenza que en un tema tan grave, lacerante y complejo, estos actores con la posibilidad de impulsar y decidir sobre la legislación de un país, se manifiesten con actitudes verbales cínicas, denigrantes y nefandas, para después considerarlas públicamente a través de redes sociales sólo como ‘pésima broma’ o ‘comentarios de mal gusto’”, dice el pronunciamiento firmado por investigadores y académicos de instituciones de ocho países del continente.
Los académicos de la UdeG pertenecientes al Observatorio afirman que es indispensable que tanto los senadores como otros servidores públicos “sean sensibilizados y capacitados” sobre los conceptos e implicaciones de los delitos previstos por la Ley General contra la Trata de Personas. “Que desde el policía que ve el problema directo con la gente hasta los legisladores sepan qué es la trata de personas, por qué se genera y qué patrones culturales lo sostienen”, dice Chávez.
De acuerdo con la ONU, la trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. Esta organización estima que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzado por las redes internacionales que enganchan y trafican con mujeres y menores.
México se ha vuelto un punto neurálgico de este delito por su posición geográfica entre los países centroamericanos y Estados Unidos y su afluencia de migrantes —un sector con alta vulnerabilidad—, que lo hacen atractivo para el destino y tránsito de víctimas de trata.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó en 2014 algunos casos identificados, en el país no hay diagnósticos o estudios oficiales que evidencien la magnitud real del problema.
La legislación mexicana en esta materia, aprobada en 2012, “es insuficiente, inoperante e incongruente”, pues está elaborada por “legisladores que no conocen de fondo el problema”, dijo el académico universitario y miembro del observatorio, Daniel Manríquez.
María Antonia Chávez afirmó que la ley tiene “omisiones” que imposibilitan que los casos de trata sean determinados como delitos y sean consignados, por el contrario se toman como delitos menores. Además en la mayoría de las entidades faltan protocolos de atención y reglamentos específicos.
Jalisco es uno de los estados en los que oficialmente no hay casos de explotación sexual o laboral. Si bien el gobierno estatal homologó la ley nacional, diseñó el protocolo y el reglamento, también se ha quedado “silencioso” respecto a este problema que no está en la agenda de manera prioritaria, afirma.
