Es tan común saber que en nuestro sistema jurídico se violentan las garantías individuales de manera arbitraria, que hemos dejado de sorprendernos ante ello. Escuchamos testimonios de personas que fueron torturadas física y psicológicamente y hasta dudamos de lo que dicen. O al contrario, la expresión “di que te fue bien, porque te pudo ir peor”, no está ajena a esta clase de comentarios.
La verdad es que nadie aprende en cabeza de otros, sino hasta que le toca el turno de caer ante una autoridad que se le olvidó por completo ejercer el poder con responsabilidad, con base en los principios de legalidad que marca nuestra constitución.
Este principio deja claro que “la autoridad solo debe hacer lo que la ley le permite, mientras que el particular puede hacer todo, excepto lo que la ley le prohíbe”, una de las garantías de seguridad jurídica más significativas para el ciudadano.
El abuso de poder de parte de autoridades es un secreto a voces por todos conocido, por lo que el hecho ha dejado de sorprendernos.
La tortura física o psicológica es aplicada para intimidar a las personas y así obtener declaraciones. Lo hacen con total impunidad, por lo que resulta un medio común en la “investigación” penal en el sistema de procuración y administración de justicia.
Las secuelas que deja la tortura psicológica, son más profundas y traumatizantes que el daño físico, ya que las mismas inciden en factores emocionales, dañan la integridad de las personas y su autoestima, lo que afecta a aspectos que van de lo biológico a lo psicológico y social.
A las personas que han vivido tales atropellos, ¿cómo rehabilitarlas?
En esta clase de hechos no solo quien recibió el daño resulta afectado, sino también las personas que lo rodean.
Es increíble que “representantes” de la sociedad afirmen que resulta normal este tipo de atropellos, de actos anticonstitucionales.
Aunque el tema parezca trillado, no permitamos que las violaciones a los derechos nos inmunicen. Debemos mostrar sensibilidad, pues todos somos vulnerables ante la conducta arbitraria de las autoridades y en cualquier momento nos puede pasar un hecho lamentable.
Ruth E. Ortiz Saldívar, licenciada en derecho.
