La privacidad violentada

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Francisco Javier ya está fastidiado. Es la sexta vez en el día que en su celular suena una llamada con el número 442 312 2300. Supuestamente es un número de Querétaro. Ya ni siquiera contesta.

Al principio era una llamada cada 10 días para informarle que tenía “una tarjeta de crédito preaprobada” en un banco. El asedio se intensificó: cada cinco y después cada tres días. Ahora no hay día en que no lo molesten.

“Hoy suena cada dos o tres horas. Ya no aguanto más y ya les grité que no me estuvieran molestando, pero siguen y siguen y siguen”, se desahoga.

A Jorge le pasa lo mismo, pero a él le llaman para que su esposa cambie de compañía de telefonía celular. A Ignacio lo abruman a altas horas de la noche para decirle que un primo suyo debe dinero en una mueblería y que debe hacerse cargo de la deuda o de lo contrario será embargado, aunque nunca haya firmado como aval. Y a Martha le marcan a la casa de sus padres varias veces a la semana para ofrecerle un seguro de vida que no necesita. “Ya les dijeron de un modo y de otro que no vivo ahí, que me casé, pero no dejan de dar lata”, dice irritada.

Ella se hace una pregunta, en la que coinciden los otros tres hostigados: “¿Quién diablos les dio el número y quién les permitió que nos molestaran?”.

El tráfico de números telefónicos, domicilios y correos electrónicos sin el consentimiento del titular de la información, se ha vuelto una constante en este país. Y a pesar de que la Ley de Protección de Datos Personales prohíbe que las empresas den otro uso a la información que los usuarios entregan sin malicia, la realidad es que ni las cartas compromiso ni los avisos de privacidad evitan que de manera clandestina haya un tráfico negro de la información y que esto se traduzca en acoso.

En entrevista telefónica desde la Ciudad de México, Edgardo Martínez Rojas, director general de Normatividad, Consulta y Atención Regional, del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), admite que existe preocupación por la manera irresponsable en que fluyen los datos personales por todas partes y sin ningún control.

“El dato personal vale como cualquier otro bien equivalente a pesos y centavos, como un auto o una casa y por eso hay que cuidarlo”, puntualiza.

El funcionario señala que el IFAI se ha enfocado a trabajar de forma preventiva. A las empresas privadas las sensibilizan y les han facilitado un generador de avisos de privacidad, con el cual todo negocio se compromete a no hacer mal uso de la información.

Sin embargo, esto no es suficiente. El investigador del Departamento de Derecho Público, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Rubén Jaime Flores Medina, lo expone de forma clara: “El IFAI obliga a suscribir cartas compromiso de reserva de los datos, para obligar a las empresas o profesionistas a no revelarlos, pero aún así nada garantiza lo contrario, por la naturaleza clandestina de la venta de datos personales”.

Casi 60 millones en multas
Pocos ciudadanos saben que existe la facultad de denunciar este hostigamiento telefónico y en consecuencia de lo cual las empresas pueden ser castigadas. El IFAI ya ha multado a 16 compañías, y las sanciones económicas suman casi 60 millones de pesos.

“Las actividades de cobranza son lícitas, siempre que se cumplan las obligaciones de ley. El problema está en cómo lo hacen. En 2013 el IFAI conoció y resolvió 18 procedimientos por violaciones a la Ley de Protección de Datos, de los cuales 16 terminaron en sanciones, con un monto de 58 millones 662 mil pesos”.

Entre las empresas sancionadas están bancos, consultorios médicos, universidades privadas y empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, Martínez Rojas admite que todavía son pocas las denuncias. “Los ciudadanos no tienen todavía esa cultura de la protección de datos y las autoridades debemos promocionarla más”.

El funcionario especifica que los interesados tienen un término de 15 días para presentar en las oficinas del IFAI sus quejas. En el resto del país pueden hacerlo en las oficinas del Servicio Postal Mexicano de cada ciudad.

“Ya trabajamos en una herramienta informática que permita la presentación de inconformidades. Esperamos tenerla lista en este mismo año”.

Complementa que los ciudadanos pueden ejercer su derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales), y presentar solicitud a las empresas y autoridades que las resguardan.

“Esto sirve para que si alguien ya no vive ahí, o si ya no es su línea telefónica, pueda corregir o actualizar esos datos. Si la empresa no atiende esa petición, tienes 15 días para quejarte ante el IFAI. Esta ley bien utilizada nos da mecanismos para que nuestra privacidad sea respetada”.

Respecto al hostigamiento por cobranza, Flores Medina aclara que el afectado debe llamar sin costo al 01 800 962 8080 e inscribirse en el Registro Público de Usuarios o acudir a las oficinas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para denunciar estas prácticas. Añade que después de las seis de la tarde ninguna institución bancaria o comercial debe molestar a sus clientes o deudores. El año pasado se registraron 208 inconformidades ante esta dependencia por acoso telefónico.

Aun así, el especialista afirma que eso no es garantía de que cesen las desazones: “El usuario puede llamar por teléfono para solicitar que no se le moleste en su número, lo registra en una lista y dan plazo de 30 días para que cesen las molestias, pero no hay certeza de que en realidad te anoten y casi nunca se acata la petición”.

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