La participación ciudadana fue una de las consignas centrales de las campañas electorales del ahora presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez (EAR). Durante su campaña electoral AMLO prometió someter a consulta popular la derogación de las reformas laboral, educativa y fiscal, incluir en la ley la figura de la revocación de mandato para el ejecutivo federal, consultar a pobladores afectados por proyectos de infraestructura e incorporar la participación ciudadana en un sistema eficaz anticorrupción.
Desde su elección el 1 de julio, en materia de participación ciudadana el equipo de AMLO ha realizado los foros por la paz (7-24 de agosto) y el de la educación (27 de agosto y 29 de octubre 2018), además de las consultas populares sobre tres proyectos de trascendencia nacional: la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México (25 al 28 de octubre), el proyecto del Tren Maya (24 y 25 de noviembre) y la apertura de la Termoeléctrica de Huexca (23 y 4 de febrero) en Morelos.
Si bien los ejercicios de consulta de AMLO han sido indicativos de una nueva apertura gubernamental a la participación ciudadana en la toma de decisiones, éstos han sido objeto de diversos cuestionamientos de la opinión pública y organismos de la sociedad civil, así como señalamientos de expertos respecto al carácter abierto y no vinculatorio a nivel legal de los posibles resultados, aspectos procedimentales (vaguedad de muestreo en la instalación de urnas, ausencia de las instituciones que podrían dar certidumbre como el Instituto Nacional Electora y baja participación de los ciudadanos) y la débil institucionalidad de dichos ejercicios, organizados al margen de lo establecido por la Ley de Consulta Popular.
Por su parte, el fortalecimiento de la participación ciudadana fue uno de los bastiones fundamentales de EAR en Jalisco, considerándola como la condición necesaria para la “reconciliación entre ciudadanos y gobernantes” hacia una nueva gobernanza. En general sus propuestas se orientaron hacia la institucionalización de la participación ciudadana, destacando el incremento del presupuesto participativo, la ciudadanización de la administración de la justicia y el impulso a una nueva Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Gobernanza. Al día de hoy, el incremento al presupuesto participativo ha sido mínimo, pues del recurso asignado para 2018 al 2019 sólo se incrementó en 12 por ciento.
A lo largo de este período de cien días, dos decisiones gubernamentales del equipo de EAR recientes han mostrado contrastes respecto a la relación gobierno estatal-sociedad civil. El proceso de selección de la nueva Fiscal Especializada en Personas Desaparecidas contó con la participación de diversos colectivos y organismos de la sociedad civil, mientras que la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), como resultado de la creación de la Subsecretaría para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, trascendió por el lugar marginal de la sociedad civil en la toma de decisión. Lo más destacable en las últimas semanas ha sido la presentación de la iniciativa de Ley del Sistema de Participación Ciudadana (15 de febrero) que además de la inclusión de nuevos mecanismos de participación ciudadana (siete nuevos mecanismos, 16 en total), crearía como nuevo órgano rector en la materia al Consejo Estatal de Participación Ciudadana, propuesta que otorgaría al estado de Jalisco la normatividad con mayor número de mecanismos de participación en el país.
El impulso a la participación ciudadana a nivel federal y estatal se perfila como política orientadora vital del gobierno. Lo crucial será la relación entre movilización e institucionalidad que motive hacia una participación ciudadana innovadora, más incluyente y legalmente robusta. Hasta el momento la actuación de los ciudadanos en la toma de decisiones no ha sido garantizada institucionalmente. Aunque los pasados ejercicios muestran un interés en gobernar a lado de la sociedad civil, se han presentado como actos que emanan de la autoridad y los actos ciudadanos que han surgido (como manifestaciones en contra de la Termoeléctrica o grupos de feministas en contra de la eliminación del Instituto Jalisciense de las Mujeres) lo han hecho fuera de las instituciones sin la seguridad de tener una respuesta a sus demandas.
