La muerte de un Huichol

Esta es la historia de Luis Valdez Candelario, un huichol de Mezquitic que fue internado en un hospital por un hueso roto. Su muerte, en condiciones no aclaradas hasta ahora, devela el abandono en que se encuentran los pueblos indígenas. Su esposa clama justicia y lucha contra una Babel oficial, que la ignora a través de una lengua desconocida

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Foto: Milenio

En una de las comunidades indígenas del municipio de Mezquitic, en Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán, el cuerpo de Luis Valdez Candelario reposa en paz desde el 3 de febrero del año pasado, enterrado en un sepulcro escavado al fondo de un cañón que surca la Sierra Madre Occidental, donde se sitúa la localidad Nuevo Colonia. Los que no encuentran paz son sus parientes; los hermanos, los padres y la joven viuda Kupuli Candelario Carrillo.

¿Cómo es posible que un joven de 28 años, sano y en óptimas condiciones físicas, fallezca durante la operación de un brazo fracturado pocas horas después de haber ingresado al quirófano?

Ésta es la pregunta que atormenta a los familiares del joven difunto y que los llevó a emprender una travesía por los conductos burocráticos de instituciones e instancias médicas, colmados, como pronto se darían cuenta, de indiferencia y discriminación.
Luis y Kupuli, ambos originarios de Santa Catarina Cuexcomatitlán, se casaron en octubre de 2007, como explica la joven esposa ajustándose su xikuri, el típico paliacate que visten las mujeres wixaritaris, por el viento insistente que en febrero azota las cimas de la sierra. Ella, a sus 19 años de edad, se fue a vivir a la casa de su marido en Nuevo Colonia procedente de Las Latas, una de las localidades más tradicionales y menos accesibles de la comunidad de Tuapurie, protegida por un cerco natural de peñascos y paredes a pico.

Apenas cuatro meses después del matrimonio, la tragedia se abatió sobre la vida de la joven indígena.

El 11 de enero de 2008, Luis se fracturó el cúbito del radio del brazo izquierdo al caer de su caballo. Luego del accidente en la clínica de Nuevo Colonia lo trataron con paracetamol y al día siguiente acudió al Centro de Salud de Huejuquilla el Alto, municipio cercano del Norte de Jalisco, donde lo enyesaron, citándolo nuevamente el 28 de enero para un control médico. Ese día detectaron que la fractura no se estaba ajustando adecuadamente, por lo que lo enviaron al único hospital de primer contacto de la región, el de Colotlán, para ser operado.

El joven indígena se internó en el nosocomio el mismo 28 de enero, donde tuvo que esperar durante tres días la operación, mientras que la delegación regional de la Comisión Estatal Indígena (CEI), gestionaba con el ayuntamiento de Mezquitic el pago de los cuatro mil pesos para la placa que tenían que colocarle en el brazo fracturado. Durante todo este tiempo, Kupuli no abandonó ni un solo instante a su esposo.

A las ocho de la mañana del día primero de febrero, Luis Valdez estaba listo para entrar en la sala de operaciones. Ahí fue la última vez que Kupuli lo vio con vida. “Todavía le dijo a su mujer: ‘Quédate allí por si se ofrece algo, yo ahora salgo’; fueron las últimas palabras, se metió sonriente a la sala de operaciónes, pero ya no salió”, relató Xaureme Jesús Candelario, familiar del occiso.

A las doce de la misma mañana, una trabajadora social del hospital comunicó a Kupuli que su esposo había fallecido durante la intervención quirúrgica y que su cuerpo ya estaba en un ataúd listo para ser trasladado a su comunidad.

La imposibilidad para hablar en castellano y la conmoción por la dramática e inesperada noticia, no permitieron a Kupuli preguntar qué pasó en la sala de operaciones, explicación que nadie, aprovechando las dificultades lingí¼ísticas de la joven, se preocupó de proporcionarle.

“Con esa noticia ya no pude coordinarme ni para preguntar lo que había pasado”, afirmó la joven wixarika. Solamente se limitaron a hacerle varias preguntas con el fin de compilar el certificado de defunción.

Los familiares, que se reunieron en Nuevo Colonia al enterarse de la muerte de Luis, esperaron el ataúd durante 10 horas, tiempo que se invierte para ir de Colotlán a esta localidad de la sierra. Una vez recibido el sarcófago y después de discutir sobre lo ocurrido durante toda la noche del primero de febrero, decidieron abrirlo.

“Le tomaron fotos, lo revisaron para ver si le habían sacado algo. En el pecho tenía unas burbujas raras, y echaba sangre por la boca”, esto fue lo que encontraron, según explicó Xaureme.

A raíz de esto acudieron al Ministerio Público de Huejuquilla donde inicialmente la policía investigadora aseguró que tomaría cartas en el asunto. Sin embargo, a pesar de semanas de promesas y de espera, nunca abrió una averiguación, desinteresándose por el caso.
Los familiares por lo tanto se dirigieron a la dirección de la Región Sanitaria 01 Norte de la Secretaría Salud Jalisco, institución a la que por ley le correspondía investigar el caso, como argumenta José Alejandro Morales Rodríguez, en aquel entonces director de esta dependencia, en el oficio 464/09/07 con fecha del 4 de marzo 2008.

En el documento dirigido a la viuda, Morales Rodríguez se compromete a llevar a cabo las acciones pertinentes para determinar si existió alguna irregularidad en la atención brindada al paciente y fincar las sanciones correspondientes al personal del hospital.
Hasta la fecha, la Región Sanitaria 01 Norte no ha vuelto a comunicarse con Kupuli Candelario ni ha llevado a cabo las investigaciones que se había comprometido a realizar.

A finales de febrero, al no obtener respuesta de las autoridades, los familiares decidieron acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), para pedir que se investigara el caso. La solicitud se concretó en la queja 540/2008 con fecha 10 de abril de 2008, que “señala esencialmente una negligencia médica por parte de médicos y de personal del Hospital de Primer Contacto del municipio de Colotlán”, argumentó del documento de Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador de la CEDHJ.

En el oficio se pedía el apoyo de dos instituciones médicas para que examinaran el caso y emitieran los dictámenes periciales correspondientes. Estas instituciones son el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco (CAMEJAL), a las cuales, inclusive, se solicitaba específicamente que realizaran una autopsia al cuerpo de Luis Valdez. Además en el documento se solicitaba un informe al director del hospital de Colotlán, José de Jesús González Curiel, en donde explicara las circunstancias que llevaron a la muerte del indígena.

“En esto se resume que es un paciente joven sin riesgos aparentes. El anestesiólogo reporta que el paciente sufre una reacción anafiláctica, igual no podemos determinar cuál de los medicamentos utilizados en ese momento fue el causante, por lo que hace una hipotensión severa y automáticamente presenta una paro cardiorrespiratorio”, comentó el director del nosocomio colotlense acerca del contenido del informe.

Después de dos meses, a finales de mayo, mientras el Instituto de Ciencias Forenses aún no examinaba la solicitud de peritaje, la Comisión de Arbitraje Médico se deslindó de emitir la opinión técnica que se le estaba solicitando, porque, según explicó su director Alfredo Ramos Ramos, “esta significa entre otras cosas la participación de expertos de los Colegios Médicos, mismos que por este momento han dejado de participar con la CAMEJAL, por lo que no tengo yo la posibilidad de hacer estos tipos de estudios”.

La imposibilidad de dictaminar, añadió el doctor Ramos, se debía en particular a la falta de recursos ya que con la intermediación de otra institución, en este caso la Comisión de Derechos Humanos, los costos se elevaban considerablemente por motivos burocráticos. En cambio, aseguró que si fueran directamente los quejosos a solicitar una opinión técnica, la Comisión examinaría el caso, requiriendo el apoyo de los Colegios Médicos del Estado de Jalisco, sin ningún costo para los solicitantes.

A partir de este momento se extendió sobre el asunto una cortina de silencio. Los familiares estaban en la penumbra ya que no recibieron durante meses ninguna notificación por parte de las autoridades encargadas de analizar el asunto.

Finalmente, en octubre del año pasado —más de siete meses después de que se había entregado la solicitud de peritaje a las dependencias médicas”, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses dictaminó que en la atención brindada a Luis Valdez Candelario en el hospital de Colotlán no se había detectado negligencia médica por parte del personal del nosocomio. Además confirmaron la causa de muerte declarada por el hospital, a saber: choque anafiláctico debido a una reacción imprevisible a la anestesia.

En el dictamen se especifica que se llegó a esta resolución solamente revisando el expediente clínico expedido por el director del hospital de Colotlán, sin efectuar estudios sobre el cuerpo del fallecido y tanto menos una necropsia, como habían solicitado los quejosos y la Comisión de Derechos Humanos.

Todo esto, de acuerdo a Alfredo Rodríguez, coordinador del Programa de la maestría en Ciencias Forenses de la UdeG, consultor internacional y doctor de Medicina Legal por la Universidad Complutense de Madrid, constituye una negligencia por parte del Instituto de Ciencias Forenses.

“Primero, no se puede llegar a conclusiones científicas basándose en la historia clínica, se tiene que trabajar la evidencia física. La historia clínica no es determinante para llegar a una verdad científica, histórica y jurídica. Y en este caso la omisión del hospital es por qué no le da participación a Ministerio Público para solicitar una autopsia de ley”. Además, según explica Alfredo Rodríguez, estas omisiones del Instituto de Ciencias Forenses representan un acto de discriminación hacia un individuo marginal.

“Están en Colotlán, están en la sierra, la ciencia forense si es tan deficiente en la Zona Metropolitana, pues imagínate en las zonas conurbanas y rurales del estado. Además se trata de un individuo de bajo nivel, por lo tanto no importa, no impacta el hecho de por qué y de qué se muera, es un individuo marginal”.

A raíz del dictamen del Instituto de Ciencias Forenses a finales del mes de octubre los familiares decidieron dirigirse de nueva cuenta a la CAMEJAL, ya que, como había comentado el director Alfredo Ramos, si la inconformidad fuera presentada directamente por los quejosos la comisión emitiría una opinión técnica acerca de la atención medica recibida por Luis Valdez.

La queja, con fecha del 29 de octubre de 2008, se dirige a Alfredo Ramos Ramos y está firmada por Kupuli Candelario Carrillo, quien pide explícitamente que se investiguen las causas que llevaron a la muerte a su esposo.

Sin embargo, en el mes de enero del presente año, el doctor Ramos declaró que no tiene los elementos para proceder a un peritaje médico, ya que la solicitud le fue entregada vía mensajero y no personalmente por los quejosos. Además añadió que hablando por teléfono con la viuda, ésta había sostenido no tener ningún interés en dar seguimiento a la queja.

Las declaraciones del médico contrastan evidentemente con la voluntad que Kupuli expresa en la queja y en efecto, Carlos Valdez, hermano del fallecido, desmintió la versión proporcionada por Ramos. Carlos afirma que “le hablaron a Kupuli allá de Guadalajara, ella está interesada, pero como no sabemos hablar muy bien en español, no entendió y no pudo explicar lo que piensa y lo que quiere hacer. Esto es lo que nos atrasa”.

A un año de distancia de la muerte de Luis Valdez Candelario, ninguna autoridad interpelada por la familia se hizo cargo de investigar a fondo lo que sucedió aquel primero de febrero en el quirófano del hospital de Colotlán.

Kupuli, acongojada por todos los trámites, baja amargamente la cabeza y escruta el pavimento de tierra de su casa, casi buscando las respuestas entre el polvo. Aspira el olor a leña quemada y acerca de la llamada con el personal de la CAMEJAL, aclara: “Me preguntaba si quería darle seguimiento, pero no le di respuesta. Por que yo más o meno entiendo, pero para darle respuesta ya no puedo”.

La institución decidió cerrar la queja aduciendo que el silencio de la viuda significaba falta de interés por el esclarecimiento de los hechos.

Como al inicio de esta historia en el hospital de Colotlán, el hecho de ser indígena y de no poder expresarse en español, constituye la excusa para excluir y discriminar esta joven wixaritari que está pidiendo solamente que se investigue sobre la muerte de su marido, acaecida en circunstancias sospechosas.

Sin embargo, nadie quiere escuchar su voz. ¿El problema es de quien pide y no puede hacerlo correctamente por hablar un idioma distinto, o de quien pudiendo escuchar se hace sordo?

Kupuli Candelario Carrillo, aún desconfiada frente a esta babel burocrática donde los lenguajes legales envuelven la verdad sobre la muerte de su marido, sigue esperando una respuesta: “Exigiría lo mismo, ahí está el caso, pues (sic) de investigar hasta conocer la verdad”.

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