La represión de grupos altermundistas durante la Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, en 2004, fortaleció el interés de la sociedad civil jalisciense por movilizarse. Sin embargo, a decir del académico del Departamento de Derecho Público, de la UdeG, Jaime Hernández Ortiz, lo que ocurrió ese 28 de mayo no se tradujo en un mayor respeto a los derechos humanos.
Incluso, afirma, los ciudadanos de todo el estado siguen “desamparados” por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pues “no ha cambiado nada. Sigue la lógica de represión”, que se manifiesta en la iniciativa para regular las manifestaciones, presentada al Congreso del estado en 2013 y en “estrategias cada vez más sofisticadas”, como la intervención de celulares e internet.
“Es lamentable que la comisión haya guardado silencio y hecho caso omiso de los delitos de tortura cometidos, y que son considerados de lesa humanidad. Seguimos teniendo una comisión ausente de los temas políticos y sociales que, por ejemplo, ni siquiera mandó visitadores a la manifestación del 1º de diciembre de 2012, frente a Expo Guadalajara, ni emitió una recomendación por la chica que fue manoseada por los policías”.
Durante la cumbre que tuvo lugar en Guadalajara hace una década, policías estatales antimotines golpearon a los jóvenes altermundistas que se manifestaron en el centro de la ciudad. Los policías arrestaron a más de un centenar de personas, entre ellos a cuatro menores de edad y algunos periodistas. De los detenidos, 45 recibieron una condena por delitos como pandillerismo, motín, daños a las cosas y ataques a las vías de comunicación.
Ese mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entonces encabezada por José Luis Soberanes, comprobó que hubo 73 detenciones ilegales a personas que no habían participado en la manifestación. También documentaron 55 casos de trato cruel y siete de tortura por parte de las autoridades de seguridad en Jalisco. Este pronunciamiento coincidió con el de las organizaciones internacionales Human Right Watch y Aministía Internacional.
Esto da elementos para que Hernández Ortiz, representante de la Coordinadora 28 de mayo, considere que en el ámbito estatal no actuaron conforme a derecho.
“Prevaleció una total impunidad. Nunca investigaron de forma oficiosa por parte de los jueces las denuncias de tortura de la que fueron objeto los detenidos. Era su obligación analizar los dictámenes y peritajes que sí fueron acreditados por la CNDH. Muchas de las sentencias que dieron los jueces fueron simbólicas: de dos o tres meses de prisión para detenidos que eran inocentes”.
A 10 años de distancia de la detención arbitraria, incomunicación, trato degradante y tortura de la que fueron objeto los jóvenes Miguel Ángel Medina y Óscar Chávez Castilla “según el informe de la CNDH”, aún no han sido sentenciados. Ambos siguen peleando que dictaminen su inocencia total.
La Coordinadora 28 de mayo evalúa la posibilidad de hacer una petición formal para que ambos sean absueltos y liberados, “porque es mucho aguantar 10 años un procedimiento, si fueron aprehendidos sin ninguna orden”, afirma el académico universitario.
Más solidaridad
Lo que sí se aprendió de la represión del 28 de mayo de 2004, fue la solidaridad entre las organizaciones civiles y los ciudadanos. En opinión de Hernández Ortiz, “hay más sensibilidad social para estar atentos a ese tipo de atropellos. Existe respuesta y hay capacidad de reacción más inmediata”.
También, a raíz del plantón de 18 meses frente a Palacio de Gobierno, “se logró disuadir a las fuerzas del estado que en cada manifestación ponía antimotines para inhibir la protesta pública. Muchas organizaciones estamos aprendiendo a tener memoria social, a documentar los casos y a intentar judicializarlos, que es un proceso caro. Sabemos que la lucha ciudadana no se puede ganar tan fácilmente”.
