“Obedézcase, pero no se cumpla”: así parece actuar el sistema jurídico mexicano, según comenta Guadalupe Espinoza, quien a través de su asociación brinda asesoría desde 2008 a la comunidad de Temacapulín, a partir de que la existencia de esta localidad de los Altos de Jalisco se vio amenazada por la construcción de la presa El Zapotillo.
La última esperanza a la que se habían aferrado sus pobladores, fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció que la cortina de la presa no debía superar los 80 metros, con lo cual Temacapulín no sería inundado. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) antes de semana santa informó que la cortina de la presa llegará a 105 metros, ya que, de no ser así, Guadalajara se quedaría sin agua.
Junto a la Conagua, diferentes autoridades —de acuerdo a demandas del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo— han hecho caso omiso a lo emitido por la SCJN, entre las cuales están el gobierno del estado de Jalisco y la CEA (Comisión Estatal del Agua), que argumentaron que los poblados quedarán bajo la presa porque está escaseando el suministro de agua para Guadalajara procedente del lago de Chapala.
“Esto sólo pasa en México —dice Guadalupe Espinoza—. Sucede porque, como se dice, estamos en un país surrealista. Para una explicación sobre esto, de primera impresión recurriría a lo que fuera la legislación hispánica, que cuando había leyes que beneficiaban a los indígenas, las autoridades españolas o las clases pudientes no querían respetarla. Entonces decían ‘obedézcase, pero no se cumpla’. Más o menos algo así está pasando en México con esta resolución”.
Espinoza comenta que el caso no es único en Temacapulín, pues lo mismo sucede con resoluciones como en San Luis Potosí, con la Minera San Javier, o muchos otros donde hay veredictos de esta índole que no los cumplen o no pueden ser ejecutadas y se convierten en un peregrinar legal. “Lo que están haciendo el gobierno federal y el de Jalisco, es ver la manera en cómo le dan la vuelta a este tipo de resoluciones, y la ley la hacen como un chicle, digamos, algo elástico”.
En el mismo sentido, el especialista en derecho público e investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Luis Octavio Cotero Bernal, comenta que lo grave en el tema es que hay una fuerte impunidad, puesto que se está incumpliendo con la normatividad y “están incurriendo en una grave responsabilidad por omisión”.
“Esto habla de la falta de autoridad que impera en el Estado mexicano, y, más que nada, habla de la falta de respeto al orden legal de este país, el cual no lo respetamos ni los ciudadanos comunes ni los encargados de la observancia de la ley”, dice Cotero Bernal, y agrega que esta práctica vivida en diversos temas en el país, propicia acontecimientos como los de Michoacán y en otros estados, que no tardarán en levantarse para exigir que se cumpla la ley. “Lo grave es que no le pasa nada a nadie: a los que no cumplen y a los que hacen cumplir la ley”.
Agrega que lo que ahora corresponde a los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, es dirigirse a la Corte Interamericana, con la que el gobierno mexicano tiene suscritos contratos y convenios: “Este es un problema de los mexicanos, y en particular de los jaliscienses, que tenemos que aprender a actuar con mano firme, pero segura, porque tampoco deben hacerse las cosas arbitrariamente. Eso no tiene porqué ser. Así que hay que hacerlo en los términos que dictaminan las leyes vigentes de este país”.
Guadalupe Espinoza dice que están tomando acciones, como la carta que los pobladores enviaron a la Suprema Corte y la que denuncia que están violando sus derechos. “Además, pensamos también recurrir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque ya se está agotando el principio de civilidad jurídica de los órganos encargados de impartir justicia en México”.
