México es un país de jóvenes, así lo reportan las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): más del 50 por ciento de la población tiene 26 años o menos. Sin embargo, para muchos analistas, México no es un país “para” los jóvenes. Mejor —o más bien “peor”— es un país donde ya no hay futuro para millones de jóvenes. La falta de políticas públicas adecuadas hace que este sector represente el 46 por ciento de los 52 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza, lo que equivale a más de 20 millones de individuos de entre 12 y 29 años. La misma Amnistía Internacional, en su último informe ha definido como “escandalosa e inaceptable” esta realidad.
A pesar de esto, el nuevo gobierno no parece tener una intención real de revertir esta situación. Una muestra de ello es la decisión de integrar el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), quitándole de esta forma la ya precaria autonomía con que contaba y su estatus de organismo gubernamental descentralizado. Esta medida fue tomada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado viernes santo, después de que varias organizaciones civiles le habían hecho un llamado para que nombrara a un director del IMJUVE, que a 100 días del inicio de su mandato quedaba todavía pendiente.
Rossana Reguillo, investigadora del departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, comenta: “Me parece no sólo un error garrafal, sino un mensaje de muy malos signos para el país: que se sigue considerando a los jóvenes, en esta concepción estatal tutelar, como un sector vulnerable y no como un actor político con plenos derechos”.
Afirma que los institutos estatales trabajan con la misma lógica de la dependencia federal. En comunicación social del Instituto Jalisciense de la Juventud (IJJ), interrogados acerca de este cambio, nos contestaron que los programas siguen siendo los mismos; pese a esto, cuando se le preguntó cuales serán las medidas que se pretenden implementar, no nos pudieron decir nada porque apenas esta semana habrá cambio de administración.
“Es a todas luces una reducción a la ya de por sí bastante errática política estatal en materia de juventud”, agrega Reguillo, y explica que la idea de haber integrado el IMJUVE a la SEDESOL representa un retroceso, “porque no se puede reducir a un problema de desarrollo la situación que están atravesando los jóvenes: no se reduce a un problema de oportunidades la complejidad en los escenarios y territorios juveniles, que es enorme, y donde está el tema de la violencia, de la falta de empleo, de la falta de acceso a la educación superior — que afecta al 70 por ciento de los jóvenes—, de la alfabetización y la brecha digital, y del desencanto frente a la política”.
México ocupa el tercer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por porcentaje de ninis, jóvenes de los 12 a los 29 años que ni estudian ni trabajan, que asciende al 24.4 por ciento, superado solamente por Brasil y Grecia, según un estudio realizado en 2012. En cuanto a Jalisco, los ninis representarían el 18 por ciento de los 273 mil 871 jóvenes entre 15 y 24 años que hay en el estado, según una estimación del Consejo Nacional de Población (CONAPO), basada en el último censo.
Pero Reguillo remarca que el gobierno tiene que asumir “que uno de los mayores desafíos en lo inmediato es el tema de la violencia, donde los jóvenes son protagonistas tanto como víctimas que como victimarios. Yo lo planteé en mis primeras investigaciones ya a finales de los 80, cuando cobró mucha relevancia la integración de muchos jóvenes en las bandas, y ya se veía que el futuro era una noción que le estaba siendo expropiada a millones de jóvenes, y hoy tenemos que en el país hay muertes por asesinatos y suicidios, y la integración de miles de jóvenes al narcotráfico”.
Si bien hay cifras discordante entre autoridades e asociaciones civiles, según estadísticas de REDIM (Red para la infancia en México), serían alrededor de 30 mil los menores involucrados en algunas actividad delictiva ligada al narcotráfico. Rogelio Marcial, investigador de la UdeG —comisionado en el Colegio de Jalisco—, dijo que “cada vez es más evidente para la población en general, pero sobre todo para los jóvenes, que la violencia es una opción real y asequible, ante la carencia de otras posibilidades más legales y formales”.
Políticas paternalistas
“Básicamente las políticas para la juventud en México parten de una idea muy decimonónica, en la que el joven es algo incompleto, y que necesita la tutela adulta para no perderse en el camino”, explica Marcial. “Y se proyecta a futuro —entre comillas, porque en este país ya no hay futuro para millones de jóvenes— la satisfacción de sus demandas. Entonces es entretenerlos nada más, porque pronto se le va a quitar esta ‘onda’ de ser jóvenes, y no se entiende que como jóvenes tienen necesidades específicas, expectativas y derechos que hay que cumplir”.
Rossana Reguillo argumenta que el reconocimiento de los jóvenes como sujeto político de derecho “para el estado mexicano ha sido imposible, como también asumir que los jóvenes son actores políticos relevante para las transformaciones que el país requiere, y sigue prevaleciendo la idea del tutelaje sobre un sujeto concebido como falto de todo en términos de madurez política e intelectual”.
Es que, como agrega Rogelio Marcial, “tenemos por lo menos 20 años donde las políticas económicas no parten de un modelo que tenga que ver con los derechos y la satisfacción de demandas, por lo que hay carencia de escuelas, de empleos formales, se deja a los jóvenes que se la arreglen como puedan y luego se les tacha de ninis”.
El tejido social se ha roto, continúa: “Ni la escuela garantiza un buen empleo ni este garantiza un buen salario, entones no digamos que no hay futuro par millones de jóvenes, porque ni siquiera hay un presente”.
Más que una política clara, dijo, “existe una serie de acciones totalmente descontextualizadas, en el sentido de que no parten de un análisis de la realidad, de lo que está pasando con los jóvenes hoy en día. La mayoría de las instituciones que atienden a los jóvenes a nivel estatal o municipal desconocen en buena medida las problemáticas, las características y los estilos de vida de los jóvenes, por lo que siguen haciendo acciones que en la mayoría de los casos no tiene mucho impacto”.
Desde la Universidad
En esto coincide también Marco Antonio Núñez, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). “No se piensa en la juventud como a un sector poblacional con necesidades específicas, y no se piensa porque creo que los gobiernos no la entienden. Creen que hacer políticas juveniles es crear institutos para los jóvenes dirigidos por jóvenes, pero esto no te garantiza que se desarrollen políticas públicas necesarias y pertinentes”.
“Es como taparle el ojo al macho”, añade, “porque luego los institutos cuentan con presupuestos bien raquíticos, y terminan siendo institutos de la ‘actividad’ y del ‘evento’, cuando más que eso los jóvenes necesitan de políticas de inclusión, y que todas las dependencias gubernamentales estén en la lógica de atención a la juventud. Porque el lenguaje del gobierno es un lenguaje muy adulto, lo que provoca que los jóvenes se alejen de las autoridades, y con esta desvinculación no se puede hacer absolutamente nada. Por eso creo que no han sido fructíferas las políticas públicas juveniles”.
Los entrevistados coinciden en que las acciones urgentes que se tendrían que implementar, son, en primer lugar, un diagnóstico de la situación de la juventud mexicana, donde se reflejen las diversidades y necesidades específicas de este sector heterogéneo, y a partir del cual se puedan generar acciones adecuadas e inteligentes. En segundo lugar, garantizar una continuidad de las políticas que no estén ligadas a un partido o enfocadas en un trienio o un sexenio, y finalmente, que estas políticas sean multisectoriales y transversales.
En cuanto a la Universidad, Núñez comenta que “debe caminar en la ruta no del proteccionismo, sino del servicio integral al estudiante, porque la escuela tiene que ser un lugar en que este pueda integrarse, se sienta tranquilo, y que lo que aprende va a ser válido para su futuro y el de la sociedad”.
Atención médica y psicológica, recreación y deporte, son algunos de estos servicios que la universidad tiene que brindar en su trabajo de “formación integral del estudiante en la comprensión de las nuevas características de la educación y en las competencias frente al mercado laboral”, concluye el líder universitario, “y que no sea un lugar donde vienes nada más a clase y después te vas, sino que se genere una identificación con la institución, que a su vez va a generar un compromiso social mayor”.
