En días pasados el Consejo de la Judicatura decidió destituir de su cargo al juez penal de Lagos de Moreno, José Ávalos Pelayo. Esto fue posible a través del Plan anticorrupción, en junio de este año, a consecuencia de una queja vía internet en su contra. El presidente de la Comisión de vigilancia del consejo, Jaime Gómez, afirmó que las razones para tal determinación fueron que dicho juez retardó una orden de aprehensión en un caso de fraude por cerca de ocho meses, cuando de acuerdo a los especialistas esto debe ajustarse a un plazo de 10 días.
“Es de aplaudirse, porque nuestro país en cualquier estudio sobre impartición de justicia en el ámbito internacional, nunca ha salido bien librado”, asegura Alfredo Sánchez Ortiz, jefe del Departamento de Ciencias Sociales, del Centro Universitario de los Lagos (CULagos). Y agrega que “normalmente se dice que México es un lugar donde no hay un Estado de derecho, no se respeta la justicia y hay mucha corrupción por parte de quienes la imparten”, por lo que esto “es una muestra de que el sistema jurídico puede caminar a partir de que nadie es intocable y todo mundo somos observables, y más con los jueces, que deben mostrar la virtud de la honestidad y la parcialidad”.
A pesar de lo positivo del caso, Sánchez Ortiz advierte que hay quienes todavía se oponen a esto, ya que existen “muchos litigantes que no aplican el derecho; abusan del mismo. Muchos de ellos han comprado la justicia, y los asuntos han sido tratados en los restaurantes, en lo oscurito”. Sectores “retrógradas” que más que nada “han hecho un negocio y fueron formados en un sistema que está caducando y les quitará sus privilegios”.
A ello contribuyó que hasta hace pocos años el litigio en esta área no había sido “tan tecnificado, puesto que incluso no se requería ser abogado para representar a una persona”, pero con los avances en materia jurídica, el conocimiento de la ley debe ser el adecuado y su impartición se hará “con base en el derecho y no por compadrazgos”, así que los abogados estarán comprometidos “ahora sí a conocer la norma y hacerla valer”.
Sánchez Ortiz dice estar convencido de que acciones de este tipo y las diversas estrategias para combatir la corrupción, han logrado que ésta disminuya en el país y en Jalisco, y destaca que en el caso de Lagos de Moreno, la destitución del juez y los señalamientos antes de ello en voz de “rumores de pueblo”, han sido una excepción, ya que en general “se habla de mucho respeto a las instancias judiciales, porque han sido estrictas”, pero aunque sabe que la solución final no se ha dado en toda la república, sí cree que la impartición de justicia ha evolucionado a ser más expedita, imparcial y menos corruptible. Sin embargo, no dejó de resaltar el retraso que hay en el ámbito de los juicios orales en el estado.
Para el académico de CULagos, el Plan anticorrupción instituido en el ámbito federal a finales del sexenio de Felipe Calderón, ha tenido buena percepción de la población y le ha generado confianza, aun cuando fue creado por exigencias de la OCDE para cumplir con los estándares de contar con una justicia “más equitativa”. Pero apunta que para que realmente sea eficiente el sistema se requiere que “haya una mayor capacitación profesional a todos los funcionarios y una verdadera carrera dentro de los órganos de justicia, mejores prestaciones y seguridad para los que trabajan en su impartición”, por su alta responsabilidad, y así evitar posibles corrupciones ante el crimen organizado.
Sánchez Ortiz afirma que en CULagos se ha estado trabajando para concientizar a los alumnos en “esta nueva cultura por la legalidad y el Estado de derecho”, sobre todo en el área de los juicios orales, durante tres años en los cursos y conferencias de verano, insistiendo en la figura conocida como “abuso del derecho”, en la que se habla de quien teniendo conocimientos jurídicos hace uso de éstos para perjudicar un proceso, lo que deviene en una responsabilidad civil, de la que comúnmente no se da cuenta, pese a “la distorsión o encorvamiento del derecho”, con el que mintiendo se obtiene un beneficio.
Más allá de tener cultura de esto, el académico confía en que los órganos judiciales sean “duros” contra quien no respete ese plan y el nuevo sistema que están implementando en beneficio de la población.
Sánchez Ortiz también afirmó que en cuanto al combate a la corrupción en el país, a un año de asumir la presidencia Enrique Peña Nieto y de haber hecho propuesta de campaña al respecto, no ha promovido la reforma de los artículos constitucionales que tienen que ver con ello.
De acuerdo al Barómetro global de corrupción 2013 de Transparencia Internacional, los ciudadanos mexicanos perciben que la corrupción ha aumentado y las medidas para solucionarlo no han sido efectivas. También indica que las instituciones que más sobornos han recibido son las judiciales y policiales.
