En esta ocasión trataré una situación que sin lugar a dudas pone en evidencia el grave problema al que se enfrentan millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema y que, forzados por la necesidad de proveer de alimento a sus familias, año con año se emplean como jornaleros agrícolas y emigran a las diferentes zonas del país que tienen como principal actividad económica la agricultura.
Como los define el artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo, “los jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas… únicamente en determinadas épocas del año”.
Dentro de la misma ley, el artículo 283 menciona las obligaciones especiales que tienen los patrones hacia los jornaleros, entre las que se encuentran, por ejemplo: pagarles en períodos de tiempo que no excedan de una semana, suministrarles gratuitamente, tanto a ellos como a sus familias, habitaciones adecuadas e higiénicas, transporte cómodo y seguro, asistencia médica, servicios de guardería, etcétera.
El tema cobra relevancia para la opinión pública, por la reciente liberación de 275 jornaleros agrícolas que se enfrentaban a un panorama distinto al que prevé la ley. Literalmente se encontraban en condiciones de esclavitud y explotación laboral, por la empresa agroindustrial Bioparques de Occidente, ubicada en el municipio de Tolimán, Jalisco.
Este hecho debiera ser inadmisible para las autoridades, sin embargo, el cinismo se hace presente cuando dieron a conocer que la empresa está certificada como “empresa socialmente responsable” y que en los últimos dos años recibió apoyos federales y estatales por más de 10 millones de pesos.
En Jalisco se estima que el número de migrantes en el transcurso del período agrícola asciende hasta los 15 mil jornaleros, entre hombres, mujeres y lo más delicado del problema, niños que se ven explotados bajo las mismas condiciones y que según el “Diagnóstico sobre la condición social de las niñas y los niños migrantes internos, hijos de jornaleros agrícolas”, patrocinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), representan alrededor del 30 por ciento de esta población.
Conviene señalar que la encuesta nacional jornalera de 2009, informa que de 9.2 millones de jornaleros en México, dos millones son temporales y que tres de cada cinco jornaleros que emigran, provienen de municipios de muy alta marginación, principalmente indígenas.
Aunado a lo anterior, la Sedesol refiere que el 50 por ciento de las niñas y niños menores de 14 años miembros de familias jornaleras, no asisten a la escuela.
Lamentablemente el problema de los jornaleros agrícolas, que en su mayoría provienen de comunidades indígenas, es una de las caras más dramáticas de la pobreza que enfrenta nuestro país, y que nuestra carta magna refiere en su artículo 2⁰, inciso B, fracción VIII: “La Federación, los Estados y los Municipios… deberán establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas”, cosa que en realidad no está ocurriendo, pues el problema sigue vigente y más allá de disminuir, cada año aumenta el número de migrantes que en la búsqueda de mejores condiciones de vida, se encuentran con el abuso de las empresas que explotan su mano de obra a cambio de miserables salarios y condiciones sociales que van de regulares a pésimas.
Es evidente la urgencia de crear una estrategia integral que promueva mejores oportunidades de desarrollo social y laboral para todos los mexicanos que se encuentran en condiciones de pobreza, particularmente para los niños, que requieren una opción de futuro distinta de la que tienen en este momento y que mantiene a nuestro país en un círculo vicioso que no reduce la brecha económica y la inequidad que lo tiene dividido.
