Todo parece indicar que la espera va a ser larga. Integrantes del movimiento #YoSoy132 y familiares de los detenidos en la manifestación anti-Peña Nieto del sábado 1º de diciembre, que marchó desde Plaza Juárez, pasando frente a las instalaciones del PRI estatal y de Televisa, para llegar a Expo Guadalajara, tienen ya varias horas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco de la Calle 14. Muchos desde la pasada madrugada. Son las tres de la tarde del lunes 3 de diciembre, y apenas hay un filo de sombra a lo largo de un paredón, frente a la entrada principal, donde se resguardan del sol alrededor de 50 personas.
Los rumores y las noticias transcurren incesantes, a veces contradictorias, haciendo que los presentes pasen rápido del tedio al entusiasmo, y viceversa: que se juntó el dinero de la fianza, que falta todavía dinero, que ya van a soltar a la mitad y la otra en la noche, que no a todos los van a soltar, que empezarán a salir uno cada 20 minutos, que se presentaron nuevas pruebas en su contra…
El objetivo principal de la concentración es lograr que los 25 detenidos restantes –dos menores de edad han salido en la madrugada– sean puestos en libertad. Los cargos en su contra van de pandillerismo a lesiones, daños a propiedad privada y robo calificado, explica Alejandra Cartagena, una de las abogadas. Las denuncias en su contra fueron interpuestas por el ayuntamiento de Guadalajara, el Partido Revolucionario Institucional y Televisa, que mantiene una camioneta a un lado de la entrada principal. Una reportera rubia y bien vestida está hablando frente a la cámara, lejos de los manifestantes y del resto de la prensa.
La mayoría de los familiares y de los abogados entran y salen de la Procuraduría, donde están gestionando el pago de la fianza, que según declaró el titular de la dependencia, Tomás Coronado Olmos, fijaron en 81 mil pesos, más mil pesos de multa por cada uno. En rueda de prensa celebrada al mediodía, el funcionario dijo también que a causa de que las tres instituciones decidieron denunciar a quienes aventaron piedras en contra de sus instalaciones, se había retardado el proceso de liberación de los 25 detenidos.
Entre el grupito de familiares, me llama la atención un muchacho joven, con un sarape y una maleta que aún lleva la etiqueta que se pone al equipaje de mano en los aeropuertos. Se llama Óscar Sánchez, tiene 27 años y es hermano de Christian Gómez, de 19, uno de los detenidos. Acaba de llegar de Ámsterdam, donde trabajaba para una empresa de cruceros y también para mantener a su familia que vive en México.
“Me enteré que habían detenido a Christian el sábado, por Facebook”, explica. Sabía que iba a participar en la manifestación, pero no estaba preocupado. Para él fue una sorpresa ver, en el muro de una amiga, las imágenes en que unos policías forcejean con su hermano, mientras éste, agarrado a su bici, intenta defenderse, y las de cómo lo aporrearon, le rompieron los dientes y se lo llevaron con la cara ensangrentada.
De inmediato se fue a una agencia y compró un boleto para regresar a Guadalajara, pues es el más grande de cinco hermanos que su mamá tuvo en dos matrimonios diferentes: ella murió hace cuatro años, por lo que le toca a él mantenerlos a todos. Dice que Christian participó en el movimiento desde sus inicios, y siempre fue muy activo en la política a partir de la muerte de su madre, acaecida cuando él tenía 15 años. “Allí fue donde se dieron cuenta que la vida es muy difícil. Yo, que era el único mayor de edad, no pude ayudarlos en ese momento, porque estaba en el ejército, en la XV Zona Militar de Aguascalientes, y se tardaron seis meses en darme de baja”.
Después de los tres años y medio de ser militar, le pregunto cómo juzga la actuación de los uniformados en la manifestación del sábado: “Mira, yo estuve en varios retenes y fui déspota, porque esto te hacen hacer. Te inculcan que lo primero es el recelo hacia el civil. Éste poco a poco se convierte en un estúpido, y caes en una rutina en que pierdes la humanidad. Creo que la actuación no fue correcta. Esto es todo un teatro armado por provocadores, que tiran las piedras y se van, y la policía agarra a unas personas que tienen que pagar por los daños, porque siempre tiene que haber culpables”.
La primera liberación
Es una tarde calurosa, pero también una tarde de rabia y entusiasmo, de solidaridad y de llantos. Las emociones se concentran y explotan a las 3:30, cuando entre aplausos aparece Marisol Montesuit Chávez, la primera detenida en salir. Una mujer alta y de pelo chino corre a su encuentro llorando y gritando “perdóname”. Se abrazan. Es Alejandra, una de las amigas con las que iba en la manifestación. ¿Por qué le pediste perdón?, le pregunto después de que se separan. “Cuando empezó la carga de los granaderos, corrimos juntas, agarradas de la mano. Pero a un cierto punto la solté, y cuando me volteé, ya no la vi”.
Sosteniendo con las dos manos la cobija con que se abrigó durante la noche, Marisol no tiene el tiempo de gozar del aire libre, porque ya está rodeada por un cordón de gente y de reporteros. Es psicóloga social, tiene 26 años, da clases en el ITESO y es miembro de la asociación civil Hábitat Social, que trabaja con pandillas. Paradójicamente, los cargos en su contra son de pandillerismo. No es integrante del movimiento “Yo soy 132”, pero comparte sus ideales. Iba en la marcha con tres amigas y la hija de tres años de una de ellas. Al empezar el enfrentamiento, vio a un policía que estaba ahorcando a una chava: “Le grito ‘suéltala’, y él entonces me dijo: ‘¿ah sí, puta?’ y me agarró del pelo y me arrastró hasta la patrulla”. Las ofensas siguieron hasta en los separos: “Nos gritaban ‘acarreados, bola de estúpidos; ¿cuánto les pagaron?; son unos pendejos’”.
Dice que muchos detenidos están golpeados, descalabrados, con macanazos por todo el cuerpo y dos tienen la nariz rota. ¿Le dieron atención médica?, pregunto. “Nos pasearon por varias agencias: antes en la de calle Hospital y la calzada, luego a Cruz del Sur y luego para acá. A las cuatro de la mañana empezaron a atender a unos, pero nada más les verificaron las heridas. No los curaron”.
Comenta que de los que aventaron piedras no arrestaron a ninguno, ya que según ella no eran parte del 132, sino unos agitadores. “A muchos compañeros ni siquiera los agarraron en el momento. Los levantaron en diferentes lugares horas después”. Agrega que hace unos momentos, antes de salir, vio un noticiero de televisión en que estaban criminalizando al movimiento, hablando de “los vándalos, esos que rompieron cosas y golpearon a policías”.
Criminalización de las manifestaciones
Una de las primeras personas en abrazar a Marisol, fue Rossana Reguillo, académica del ITESO. “Es un acto de brutalidad y represión policiaca desmedido contra una marcha en la que prevalecían los jóvenes que iban de manera pacífica”, dice refiriéndose a los sucesos del sábado. “Esto no significa negar que hubo cierto tipo de acelere y que hubo gente que aventó piedras, pero hay que deslindar responsabilidades”.
Agrega que “todo lo que analizamos hasta el momento, hace suponer que fue una emboscada, porque los manifestantes, llegando a Televisa, cuando vieron que había estos impulsos por parte de algunos infiltrados, hicieron medias lunas para evidenciar quiénes eran los violentos, y la policía los vio y no los detuvo”.
Comparte la posición oficial del movimiento, que fue leída hace unas horas por una de sus representantes, Citlali Murillo, de que la policía falló en su tarea de garantizar la seguridad de los manifestantes y el orden público. “Me parece que a todas luces fue un operativo mal preparado. Es inexplicable un cerco de dos kilómetros y medio para una marcha de 700 personas: algo estaban esperando, ¿no? Yo lo leo como un mensaje claro, político, de que así es como vamos a proceder”.
Arcadia Lara, de la Coordinadora 28 de Mayo, opina que “es una postura política, donde se quiere justificar ante la sociedad la criminalización de la protesta ciudadana”.
Una de las instituciones que también está siendo criticada por el movimiento es la Comisión de Derechos Humanos: “Tendría que estar aquí permanentemente, para ver qué sucede, y no se ha visto”, concluye Lara. “Presentó medidas cautelares que no se respetaron en toda la noche, y cuando hoy fuimos a reclamar, en lugar de actuar, nos regañan. La comisión es para defender los derechos, no para juzgar”.
Noche de perros
El día caluroso se esfumó en una noche fría, una noche de perros. Son las siete, y los manifestantes se trasladaron a la Calle 12, detrás de la Procuraduría, por donde esperan que liberen a los detenidos —que se supone tendrían que haber salido a las seis—. A ellos se sumaron los familiares, formando así un grupo de un centenar de personas. A pesar del cansancio, del estrés de la espera, los presentes entonan cantos que piden libertad para los presos políticos, o que ensalzan la lucha. Hasta cantan el Himno mexicano. Unos perros, desde una azotea de enfrente, se unen con sus ladridos al coro de voces. A unos metros, indiferente al tumulto, una señora busca latas y cartón en la basura, acompañada por su sobrino, un niño de cuatro años, sin camiseta y con un trapo agarrado alrededor de las caderas, a manera de pantalón. Noche de perros también para ellos, al igual que muchas otras.
Del portón salen dos policías municipales de Tlaquepaque y se dirigen a su patrulla estacionada donde se juntó un grupito del movimiento 132. Un integrante está recargado en la cajuela, con un pie en el parachoques. El uniformado, que se acerca al puesto de copiloto –robusto, peinado de cepillo y lentes oscuros–, cuando el joven se quita, limpia con una mano el lugar donde estaba apoyado el zapato, y lo mira de forma amenazadora, como reclamándole por haber ensuciado el coche. Antes de irse, la patrulla emite un aullido de sirena, provocador. Pero los manifestantes ya no hacen caso a la constante presencia de uniformados y patrullas que rondaron cerca de ellos todo el día, con armas a la vista y actitud hostil.
A las ocho y media empiezan a salir los primeros detenidos. Los cantos y los gritos de júbilo llegan a su apoteosis, y se funden en una algarabía de abrazos y llantos. A las 10 aparece el último: Pavel Ocampo, informático de 28 años. Era el único del cual se dudaba si sería excarcelado, porque también se le imputó el delito de robo calificado por la desaparición de un radio de la policía.
Tiene apenas cuatro meses en Guadalajara, y el sábado iba a la FIL con su hermano Ulises –a quien también detuvieron porque intentó protegerlo– y su cuñada. No sabía nada de la manifestación, pero cuando vio que golpeaban a un chico, sacó su teléfono y empezó a grabar. “Luego vi que estaban pateando a una chica sentada en el piso, y les dije que dejaran de pegarle”. Los policías entonces se le acercaron para agarrarlo y le quitaron el celular. Empezó a correr hacia la Expo, los uniformados lo alcanzaron, él forcejeó, pero al final lo subieron a una patrulla.
Ahora todos se van, pero la protesta no termina aquí. Muchos están decididos a obtener justicia, y como confirmó la abogada Alejandra Cartagena, se interpondrán denuncias en contra de las autoridades por las que ellos consideran fueron detenciones arbitrarias. Afuera de la Procuraduría regresa la calma. Sólo se oyen el trapicheo de los pepenadores que escarban en la basura y los ladridos de los perros en las azoteas.
