En junio pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que ayudará a evitar que las personas que desean comprar una casa sean víctima de abusos y engaños por parte de las empresas dedicadas a construir y comercializar viviendas en el país.
Sin embargo, quienes han sido afectados por inmobiliarias desconocen dicha resolución. Los constructores formales avalan el fallo, pero tienen sus reservas sobre algunos artículos, en lo tocante a las sanciones económicas que aplicaría la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
En la primera sesión pública de la SCJN transmitida por televisión, los ministros del máximo tribunal fallaron en contra de decenas de empresas inmobiliarias de todo el país, que buscaban anular diversos artículos de la Ley federal de protección al consumidor. Fueron modificados apenas en 2004 con el fin de establecer una serie de “candados” que evitaran abusos de las constructoras de vivienda.
Para muestra un botón
Por lo menos 800 personas de Jalisco y Nayarit han sido “despojadas” de sus ingresos por parte de la empresa ABC. El fraude “hasta ahora es superior a los 30 millones de pesos”, expresó Alicia la Torre, una de las víctimas.
El calvario inició cuando los afectados intentaron, sin conseguirlo, un acercamiento con los abogados del propietario de ABC, David Bellomo Díaz. Incluso ignoran si Bellomo continúa o no en el país.
Después acudieron a las instalaciones de la Profeco en Jalisco. La delegada de esa dependencia, Adriana Romo, no los recibió. “Ellos (los funcionarios) no nos ayudaron en nada. Se desligaron de todo. Que la Profeco no tenía nada que ver… Pura pérdida de tiempo en la Profeco. En sí no hizo nada”.
–¿No hablaron con la delegada, Adriana Romo?
–Ella no nos ha atendido para nada.
Los funcionarios de la Profeco los enviaron a la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, donde fueron recibidos en una sola ocasión por el subprocurador, Espiridión Díaz. “Él nos mandó con la licenciada Blanca Barrón y nos dicen que van a consignar las averiguaciones, que van a consignar el peritaje, que la investigación va avanzando, o sea, así nos tienen”.
También intentaron conversar con el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, pero “no nos recibió. Hicimos una marcha para hablar con él, pero también se hizo de los desentendidos. Hemos tratado de tener una respuesta con él y hasta el momento no nos ha dado contestación”.
El fallo de la SCJN indica que las desarrolladoras de vivienda deberán poner a la vista sus contratos ante la Profeco. La resolución salió el 16 de junio y a la fecha poco se sabe sobre el tema. Al menos por parte de los compradores. “Pues yo no tenía conocimiento de eso”, dijo Alicia la Torre.
Los constructores
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Netzahualcóyotl Salvatierra, expresó: “nos queda claro la responsabilidad que tenemos. No compartimos estrictamente todos los puntos que argumenta la Profeco. Contamos con más elementos para garantizar la calidad de las obras”.
En ese sentido, los constructores formales se adelantaron al fallo de la SCJN e iniciaron desde el año pasado un proceso para certificar a las empresas, mediante el cual se garantiza que son confiables. “Ello les permitiría entregar a los comparadores un seguro y una fianza que demuestre la calidad de la obra”.
“Todos estos instrumentos son más sólidos que un contrato, porque este da margen a un litigio. En cambio, una fianza, un seguro, una empresa certificada, son acciones más concretas en beneficio del usuario”.
Ante las demandas contra algunas desarrolladoras de vivienda por incumplimiento, Salvatierra aseguró que cada quien debe ser responsable de sus propias acciones. “Nosotros defendemos el Estado de derecho, de ninguna manera estaríamos a favor de quien entrega una mala calidad de obra”.
En entrevista aparte, el presidente de la CMIC en Jalisco, Héctor Manuel Castellanos Frank, coincidió con Salvatierra y agregó que a escala nacional la CMIC y la Profeco trabajan en la elaboración de un reglamento que permita la correcta aplicación de la ley a fin de evitar otros “huecos”, en especial con relación a las multas.
“Buscamos que se corrijan las ambigí¼edades, las cuales pueden caer en el absurdo de multas desproporcionadas al tipo de vivienda que se realiza”.
Como ejemplo, citó que hay multas de 200 mil hasta dos millones 500 mil pesos (según la gravedad del caso), cuando hay viviendas de tipo económico, que no rebasan los 166 mil pesos en su costo. “Queremos que no haya ambigí¼edades, pues te pueden demandar hasta por una gotera”.
En cuanto a la obligatoriedad de que el contrato esté a la vista ante la Profeco, el líder estatal agregó que eso “también da garantías para los constructores, pues nos asegura que el consumidor cumplirá con las obligaciones que contrae con nosotros al momento de adquirir una vivienda”.
Ni hablar… hasta con Fox
Por lo pronto, este 25 de julio se reunirán los afectados por la constructora ABC para escribir una carta dirigida al presidente Vicente Fox Quesada, en la que le explicarán el problema y “ya que él está promoviendo tanto su vivienda por la televisión, para que vea que aquí (Jalisco) nadie nos hace caso”, dijo Alicia la Torre.
