Injusto encarcelamiento de zapotecas

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Una mujer viajaba en autobús por las carreteras de Oaxaca, cuando otra le pidió ayuda para cargar algunas cajas. Al bajar, la policía la interceptó y le pidió una explicación por el contenido. Les respondió que no sabía, porque no era suya. La otra le contestó: “cállate, que de todas maneras nos van a llevar a las dos”. Lo curioso es que la dueña de la caja nunca pisó la cárcel, en cambio, a la otra le dieron una condena por 10 años.
Este relato bastó para que la maestra Concepción Núñez Miranda, investigadora y docente de la Universidad Pedagógica Nacional, plantel Oaxaca, siguiera la pista de lo que estaba ocurriendo en la cárcel de mujeres en ese estado. Pronto encontró que más del 50 por ciento de las 107 mujeres privadas de su libertad estaban acusadas por delitos contra la salud (transporte y posesión de marihuana), en su mayoría indígenas zapotecas.
Al comenzar a indagar, encontró casos como una que purgaban una pena de 10 años por habérsele encontrado en posesión de 42 gramos de marihuana; otras que fueron “entrampadas” en las centrales camioneras por los mismos policías y otras más que fueron encarceladas luego de realizarles cateos en regiones donde “todo mundo sabe” que se siembra marihuana.
“Confirmé que las mujeres indígenas que estaban en la cárcel pertenecen a las clases sociales más desprotegidas del país: las más marginadas, vulneradas y explotadas, por lo cual sufren por igual pobreza extrema con nulo acceso a la salud, trabajo, vivienda, educación y justicia”.
A la par de estas características, las mujeres indígenas, incluso en la misma cárcel, sufren la opresión étnica que incluye discriminación, racismo, olvido, violencia, extorsión, corrupción e imposición.
Durante su investigación, “Mujeres indígenas presas por delitos contra la salud en Oaxaca, México”, misma que presentó durante su participación en el VI Encuentro de género, Nuevos enfoques sobre género y criminalidad. Un debate abierto, en el marco de la XIX Feria Internacional del Libro (FIL) 2005, Núñez Miranda encontró también que “las nativas eran juzgadas sin entender el español”.
“Ellas eran sentenciadas en una lengua desconocida y no podían defenderse. El lenguaje jurídico utilizado por sus juzgadores y abogados de oficio, que supuestamente las defendían, les hacían decir o firmar cosas que no sabían ni entendían, además de que las sentencias eran hechas de acuerdo más bien a la conveniencia de los policías que las apresaban”.
Gracias a la denuncia que hizo por medio de un video que les puso frente a las autoridades, y sobre todo que Televisa retomara el caso y lo difundieron en cadena nacional, las indígenas pudieron salir de la cárcel al no encontrarles “mayores agravios o que algunas ya habían purgado su condena”.
Sin embargo, “el daño a las mujeres encarceladas por el largo tiempo que habían transcurrido les trajo a la mayoría daños irreversibles, porque perdieron la autoridad ante sus hijos, algunas ya no encontraron a los pequeños que habían huido a la ciudad o al extranjero o los hallaron alcoholizados”.
Núñez Miranda añadió que es de esta manera que las mujeres indígenas se convierten en “una cifra más” del supuesto combate al narcotráfico por parte del Gobierno Federal, es decir, “la cuota que el gobierno de Vicente Fox entrega a los Estados Unidos para comprobar que obedece y actúa en el combate frontal al tráfico ilegal de sustancias prohibidas”.
Y cuestiona: “¿Por qué ellas? ¿Qué ocurre con el sistema de procuración de justicia en México que permite ésta y otras injusticias en las cárceles de este país? ¿Por qué el sistema de procuración castiga doblemente la pobreza de la gente?