¡Vamos México! por los asesinos de mujeres, por las casas de Arturo Montiel, por los líderes sindicales millonarios, por el “gober” precioso, por los ladrones de cuello blanco y por, y por…
El problema de la impunidad en México tiene que ver con la deficiencia en la procuración y administración de justicia. Los actos delictivos quedan impunes porque el Estado protege a las instituciones o autoridades que cometen delitos, asegura Nauhcatzin Bravo Aguilar, jefe del Departamento de Derecho Público, del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades.
La impunidad queda reflejada en las diversas conductas de los individuos que aprovechan la ausencia del Estado, con el objetivo de delinquir de manera recurrente y con faltas menores, mismas que resultan imperceptibles para la sociedad, como pasarse un alto, tirar basura en la calle, ofender al prójimo o desafiar a la autoridad, aseveró el experto en derecho.
“Cada día la gente percibe que hay mayores posibilidades de infringir la ley, sin que suceda nada. Esto genera una sensación de poder en contra de las autoridades”.
La impunidad es dejar sin castigo a aquellos señalados como culpables de algún delito. Las razones de la impunidad se relacionan con la ausencia del Estado de derecho, condición en la que ciertos individuos son colocados en una posición diferente a sus semejantes, desde el punto de vista cualitativo. Esto permite que gocen de una cierta discrecionalidad por encima de los parámetros de legalidad, en comparación con los demás sujetos que conforman la sociedad.
En nuestra comunidad existe una impunidad vertical, proveniente de gobiernos autoritarios que violan los derechos sociales, y una horizontal, cometida por individuos de la calle.
“Ambas formas tienen un punto de coincidencia y comparten un mismo espacio, en el cual no son castigados los delitos”.
La autoridad, apuntó, se siente proclive a delinquir porque no existe sanción, mientras que las personas violan las normas como un derecho ante la incapacidad de la autoridad para resolver los problemas.
José Clemente Castañeda, jefe del Departamento de Filosofía, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, dijo que la impunidad trae consigo incertidumbre, inseguridad, corrupción, antidemocracia e injusticia. Dichos problemas contravienen los privilegios sociales que posibilitan la convivencia humana.
Comentó que la impunidad indigna a la conciencia colectiva y es percibida por la sociedad como flaqueza de la democracia, ya que la justicia es para quienes tienen el poder político y riqueza económica.
Otro problema que deriva de esta situación consiste en que los grandes inversionistas no arriesgarán su dinero en un país donde las reglas son todas, menos las establecidas.
Falta denunciar
De acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad en México, solo 23 por ciento de la gente que sufre algún ilícito presenta una querella, mientras que 77 por ciento no lo hace.
De ese porcentaje, más de la mitad no denuncia los hechos por percibir una incapacidad de la autoridad para dar respuesta a su problema. En este sentido, la cifra de no acusación en el ámbito mundial no rebasa el 60 por ciento.
De la totalidad que no denuncia, solo en dos de cada 10 casos se sigue una averiguación previa, mientras que en ocho por ciento esta no se concluye, porque el caso va al archivo o queda liberado el presunto responsable. De esta manera, solo 12 por ciento de las averiguaciones terminan en una consignación y cinco por ciento de los culpables son sentenciados.
La eficacia del sistema de justicia mexicano es menor a cinco por ciento, situación que genera una crisis terrible en materia de impunidad, ya que el Estado es rebasado por la delincuencia, dice Bravo Aguilar.
En la medida en que el Estado no pueda satisfacer las necesidades de justicia, la inseguridad y la corrupción irán en aumento. Incluso los fenómenos delictivos que generan impunidad suceden con tal rapidez, que antes de que podamos asimilar uno, ya está el otro.
“En los últimos meses han sido tantos los actos de impunidad, que en el afán por entender el nuevo delito, el último queda en ese espectro de no saber qué pasó, situación que da pie a su posible repetición”, destaca el doctor en derecho.
¿Y yo qué?
Los ciudadanos deben asumir un compromiso ético en pro de la denuncia, para que obliguen a las autoridades a satisfacer las necesidades de seguridad, y para que mediante la exigencia generalizada, la sociedad participe en los ámbitos de la vida democrática de nuestro país, coinciden ambos estudiosos.
La solución no radica en aumentar penas, sino en hacer eficiente la labor de las instituciones dedicadas a la seguridad pública, a la aplicación de justicia y la readaptación social.
“Una práctica común e incongruente consiste en elevar la pena para los delitos. Piensan que así remediarán la impunidad. Sin embargo, la solución está en la aplicación correcta de la ley”, dice Bravo Aguilar.
También es necesario impulsar la educación para formar ciudadanos más críticos, demandantes, exigentes y atentos ante los problemas sociales.
En este año electoral resulta imprescindible demandar de los candidatos el cumplimiento de sus promesas efectuadas en relación con la impunidad y la justicia. Además, se requiere una vinculación entre Estado y sociedad, instancias con idéntica responsabilidad en la práctica de la justicia.
“Necesitamos transitar a un régimen democrático pleno, en el que diputados y senadores legislen de cara a la sociedad, pues mientras las leyes sean elaboradas en función de los intereses económicos dominantes, continuará la impunidad”, concluyó Castañeda.
La familia Fox y Sahagún
La familia presidencial. El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción, publicado por editorial Grijalbo, es un libro en el que las periodistas Arelí Quintero y Anabel Hernández hacen un recuento pormenorizado de la forma en que los Fox y los Sahagún han engrosado sus cuentas. Un rancho de más de 300 hectáreas no declarado, propiedad de Vicente Fox, enel que ha gastado millones de pesos en infraestructura y decoración; nuevas empresas; gastos excesivos de su esposa Marta Sahagún; los negocios de los hijos de ambos, que han florecido como ninguna empresa en este sexenio; la promoción en el extranjero de los hermanos del presidente como empresarios boyantes. Además, una comisión especial del Congreso de la Unión investiga a los hijos de Marta Sahagún, por posible tráfico de influencias, si bien se ha visto como una cuestión política.
Arturo Montiel
Las revelaciones que ha hecho el diario Reforma en las últimas semanas han dado forma a las acusaciones de enriquecimiento ilícito surgidas en los meses de su precandidatura presidencial, misma que abandonó al sentir la presión sobre sus intereses económicos.
Las muertas de juárez
Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, continúan. Son ya más de 380 asesinadas y 600 desaparecidas, desde 1993. Después de más de una década, aún no descifran el misterio de las muertes de cientos de mujeres jóvenes.
A esto se agrega el grave fenómeno social que es la violencia intrafamiliar, la cual sufren mayoritariamente las mujeres.
Este tipo de violencia, que muchas veces tiene consecuencias fatales, no recibe la atención necesaria por parte de las autoridades, pero tampoco los ciudadanos la denuncian. Se sigue considerando un asunto privado.
El sindicato minero
Se acusa al líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, de no haber otorgado a sus agremiados la parte proporcional de los 55 millones de dólares que recibió como indemnización para los trabajadores, por la privatización de algunas minas. Poseedor de millonarias propiedades, este es el caso a la vista más nuevo de un líder sindical corrupto.
El precioso
El gobernador de Puebla, Mario Marín, fue puesto en evidencia de contubernio con el empresario y presunto pederasta Kamel Nacif, para violar los derechos de la periodista Lydia Cacho, quien reveló una red de corrupción en que está involucrada gente poderosa.
Las grabaciones con las cuales se puso en evidencia a ambos personajes en los medios de comunicación son ilegales, toda vez que en México es penado el espionaje telefónico sin orden judicial. El interés público del contenido de las conversaciones entre el gobernante y el empresario fue el fundamento ético que tuvieron los periodistas para sacarlas a la luz.
