En los últimos días una ola de denuncias ha invadido las redes sociales por la violencia que sufren algunas mujeres en el metro de la Ciudad de México. Se han presentado denuncias de agresiones e intentos de secuestro, pero no sólo en la capital del país, sino que en la mitad del territorio mexicano se ha documentado un aumento de ataques contra mujeres y niñas, así como feminicidios, pero a pesar de que hay denuncias, no hay certeza en las cifras oficiales, porque no se sabe si se reporten todas las agresiones y muertes. Esta situación representa una verdadera epidemia de violencia que urge erradicar y que deja en evidencia un conjunto de negligencias por parte de las autoridades.
Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el ritmo de feminicidios de niñas y adolescentes es cada vez más acelerado. El número de asesinatos contra mujeres de 0 a 17 años creció al menos 32.30 por ciento en 2018 con respecto a la cifra de 2017. Los estados en que ha crecido más la lista de muertes violentas de mujeres son: Guanajuato, Jalisco, Baja California, Campeche y Quintana Roo, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La realidad es que pocas veces los casos como estos son investigados, ya que no hay seguimiento a las denuncias e incluso pareciera que no hay interés por dar respuestas. Según la ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres tiene tres rasgos: el primero es la invisibilidad, la cual es producto de pautas culturales que priman en nuestra sociedad, en donde la violencia dentro del ámbito familiar es considerada asunto privado y donde las autoridades no deben inmiscuirse; otro de los rasgos es la normalidad, que se presenta cuando la violencia es continua y se llega a un punto en donde la agresión es justificada porque se cree que el objetivo de la violencia del hombre es corregir a la mujer; y el tercero es la impunidad, que es consecuencia de las anteriores y es la violencia que se da entre las parejas, justificada como “natural” o como “asunto privado”, que no puede ser juzgada como violación y, por lo tanto, no es sancionable.
Lamentablemente este problema social ha quedado plasmado sólo en declaraciones y campañas inservibles, en ocasiones toman relevancia algunos casos gracias a los medios de comunicación, en consecuencia, se realiza un seguimiento y se llega a los culpables, pero hay decenas de otros que se quedan en carpetas de investigación sin respuestas y quién sabe cuántos más nunca se denunciaron.
Ya se ha hablado bastante sobre la Alerta de Violencia de Género, un conjunto de acciones de emergencia para enfrentar la violencia contra las mujeres, y que se activó desde el año pasado en Jalisco y aún no vemos resultados. Tampoco los programas de prevención han tenido los efectos esperados, pareciera que son acciones huecas cuyo único destino son los discursos de los gobernantes en turno. ¿Seremos capaces algún día de detener las agresiones contra las mujeres?, ¿será posible que ya no sea necesario nunca más el contabilizar cada día el número de mujeres y niñas asesinadas?, ¿volveremos a transitar por las calles sin miedo?
Resulta urgente analizar políticas y programas que funcionen realmente en la prevención de la violencia contra las mujeres, no permitamos que ésta se normalice, es responsabilidad de todos el visualizar, denunciar, investigar y, sobre todo, prevenir el feminicidio. Hoy, que está por desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres y se ha creado la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, esperamos conocer a la brevedad cuáles serán las nuevas políticas, programas, estrategias y acciones que se propongan desde el gobierno estatal y que no se queden únicamente en narrativas inútiles. Estemos atentos.
