El principio fundamental del trabajo es la estabilidad, “la seguridad económica del trabajador y de su familia, pero también en la relación entre éste y el patrón”, explica Ramón Castillo Llamas, profesor jubilado de la Universidad de Guadalajara, quien durante más de 20 años fue presidente de la Academia de derecho laboral. “Sin embargo, con la nueva ley se está acabando con esta estabilidad, porque ahora las empresas pueden despedir a los trabajadores cuando quieran”, continúa, refiriéndose a la reforma laboral aprobada a finales del año pasado, y que, entre otras medidas, regularizó el outsourcing, es decir, la contratación a través de agencias externas de personas para periodos breves de tiempo, las que por lo mismo no gozan de los derechos adquiridos por los empleados de planta.
Si bien el gobierno, empresarios y muchos economistas justifican esta medida, argumentando que favorece la inversión extranjera y la generación de empleos, para los juristas del trabajo lo que hace en realidad es fomentar la tendencia de la flexibilización del mundo laboral, con la consecuente pérdida de derechos por parte de la clase trabajadora: “Las transnacionales lo que piden a México es que implemente una flexibilidad en materia laboral, con la intención de que puedan contratar y despedir personas en cualquier momento, sin que tengan que desembolsar indemnizaciones, utilidades u otorgar servicios médicos o pensiones”, explica al respecto Francisco Jiménez Reynoso, investigador del Departamento de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Despidos y represalias.
El caso Honda
Uno de los casos actuales más sonados en Jalisco, ha sido el conflicto laboral suscitado en la planta de Honda, en El Salto, a raíz de que la empresa se rehusó a pagar las utilidades a los trabajadores, por lo que mil 500 de ellos iniciaron una huelga el pasado 16 de abril. Al tercer día de manifestaciones instalaron una mesa de negociación, en la que participaron 11 trabajadores, representantes de la empresa, del sindicato corporativo y de las secretarías del Trabajo estatal y federal, en la que acordaron entregar 17 mil 500 pesos de utilidades a cada trabajador, que regresaran de inmediato a las labores de producción y que no tomarían represalias en contra de los manifestantes.
Sin embargo, el 1° de mayo, cinco de los 11 trabajadores de la mesa de negociación fueron despedidos y los otros seis, el 14 del mismo mes. “Nos mostraron un documento que decía que nos estaban corriendo por el paro que hicimos, a pesar del acuerdo que firmamos los trabajadores, las dependencias y la empresa”, dice Rubén Solimán, uno de los despedidos.
“Se supone que la ley está por encima de las decisiones de la empresa. Entonces quiere decir que se están burlando, tanto de los representantes del gobierno, como de los trabajadores”.
Lo que piden los despedidos es su reinstalación, y para ello están solicitando al secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer, que se respeten los acuerdos que la empresa asumió en presencia de un representante de su dependencia. “Pero nadie se quiere comprometer, porque Honda es una empresa transnacional, y hasta parece que le tuvieran miedo”, agrega Solimán.
José Luis Solorio Alcalá, secretario general del Sindicato independiente de trabajadores unidos de Honda afirma que “las condiciones de trabajo en la planta son pésimas: escasa seguridad laboral, salarios netos de 750 pesos a la semana en promedio, hay solamente cuatro niveles para sindicalizados, pero cuesta mucho subir, porque la empresa no te evalúa bien. Hasta hace poco ni había tabuladores”.
Asegura que el sindicato, que tendría que representar a los trabajadores, y que define como “charro”, es “solamente un parapeto para la empresa. Su secretario, Carlos Arias, nunca trabajó en la planta, y tiene a más de 100 empresas de diferentes ramos con el mismo contrato colectivo. No representa a nadie, no fue elegido por los trabajadores y nunca ha convocado a una asamblea general; pero durante estos 25 años ha ido a cobrar puntualmente sus cuotas sindicales”.
Al cierre de esta edición no fue posible localizar a Carlos Arias para conocer su versión.
Falta de derechos y de protección
Esta situación es común a la mayoría de los trabajadores empleados en transnacionales instaladas en el estado de Jalisco. El ejemplo más revelador es la industria electrónica, que en la Zona Metropolitana de Guadalajara da trabajo a través de 400 empresas a aproximadamente 100 mil personas, 80 por ciento de las cuales son contratadas por medio de 90 agencias de outsourcing, según el último informe realizado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal). Jalisco representa 25 por ciento de la ocupación en México en el sector, uno de los más pujantes en el ámbito internacional.
Para muestra un botón: en 2012 las exportaciones de la industria electrónica jalisciense aumentaron 15 por ciento con respecto al año interior, ascendiendo a 22 mil dólares anuales. El incremento es aún más significativo si lo comparamos con el dato de 2007, cuando las exportaciones fueron de 8 mil 600 millones. Sin embargo, los sueldos suben cuando mucho con el ajuste al salario mínimo, que pasó de los 59 pesos del año pasado a los 61.38 pesos actuales.
Felipe Burgueño, coordinador de vinculación de Cereal, comenta que “la problemática de los trabajadores de la industria electrónica gira en torno a tres ejes: el primero es el outsourcing, es decir, la subcontratación; el segundo tiene que ver con la libertad de asociación, que es básicamente inexistente, y el último con el salario suficiente, que se considera aquel que tiene que alcanzar para cubrir las necesidades de alimentación, educación, salud y esparcimiento del trabajador y de la familia a la que provee”.
Un cálculo aproximado que hizo el investigador del ITESO, Davis Foust, arroja que este salario tendría que ser de 2 mil 500 pesos semanales. Los trabajadores del sector electrónico ganan dos salarios mínimos al día (aproximadamente 600 pesos a la semana).
“Este problema se acentúa más en el caso de este sector, ya que la mayoría de los trabajadores son mujeres, y regularmente madres solteras, que además tienen como dependientes económicos a sus madres o algún pariente enfermo”, comenta Burgueño.
Explica que existe una coalición internacional de empresas electrónicas que tiene un código de conducta que las obliga a cumplir con las legislaciones vigentes en los lugares donde operen, además de tener como referencia los tratados internacionales en materia laboral.
“Es todo un problema aquí, porque la legislación mexicana tiene muchas lagunas al respecto, e incluso hay casos en que realmente son burlas: por ejemplo, el de un líder sindical del sector, que tiene firmados 464 contratos colectivos, cuando la legislación mexicana prevé que una persona para ser secretario de un sindicato tiene que haber trabajado en la empresa con la que firma el contrato. Esto habla de la corrupción que hay en los tribunales y en las secretarías del trabajo, porque evidentemente se pasan por alto requisitos básicos”. Dicho caso no es el único: 481 sindicatos en 2012 firmaron contratos colectivos con 35 mil 674 empresas de la industria electrónica.
Peor que China
“Un signo importante es que durante un trabajo con la ONU (Organizaciones de Naciones Unidas), nos dimos cuenta de que hay una migración de manufacturas que laboraban en China, y que después de que allá hubo movimientos de trabajadores para la reivindicación de sus derechos, se han regresado aquí o se fueron a África”, dice Burgueño.
Este es el resultado de las nuevas políticas económicas. “La gente de la industria dice que es una buena noticia, porque habrá más trabajo, pero en realidad no lo es, porque se vienen a buscar costos más bajos, que generan condiciones de vida más precarias, y que no propician un desarrollo real para el país”.
La generación de empleos que prometió la reforma laboral está lejos de ser cumplida. Al contrario, en los primeros meses del año la tasa de desempleo subió a 5.14 por ciento, superando la del año pasado en el mismo periodo, que fue de 4.86 por ciento. “La apuesta del gobierno era que iban a crear más puestos de trabajo, pero en la realidad no sucedió. Lo único que pasó es que se legalizaron las viejas prácticas de las agencias de outsourcing”, arguye el coordinador de vinculación de Cereal.
“Es común que las empresas te hagan contratos aparentando que eres un trabajador temporal, y te lo renuevan cada mes o incluso cada ocho días, por cinco o seis años. Entonces, a la hora en que te despiden, no te tienen que liquidar, porque no generaste antigüedad”.
“Es un retroceso histórico en materia laboral”, dice Jiménez Reynoso. “Hay un debate entre juristas laborales y economistas: éstos dicen que es necesario que se flexibilice el mercado del trabajo en México, porque así vendrán más inversiones extranjeras y generarán empleo. Pero no ha funcionado. Esto no ha traído como consecuencia la multiplicación de empleos, pero sí acarrea perjuicios para la clase trabajadora del país”.
