El expresidente Felipe Calderón Hinojosa escribió el 8 de noviembre en Twitter: “En tweet de mayo dije que no había solución en Michoacán mientras gobierno local siguiera obstruyendo la depuración de policías y MPs.” La referencia era clara: Michoacán está más allá de la metáfora. Es el territorio de nadie. Ahí han estado llegando corresponsales de guerra para que la prensa cubra los hechos de un movimiento, de una batalla que confronta a dos grupos: autodefensas contra Templarios y que ahora suma a un tercero: el Ejército nacional.
Durante la semana pasada algunos municipios como Apatzingán, Nueva Italia, Parácuaro, entre otros, se convirtieron en el epicentro del país. En el lugar apareció el secretario de gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, al lado del gobernador de la entidad, Fausto Vallejo. Tras un discurso y sin especulaciones, la postura federal quedó clara: el gobierno de la república se encargará de la seguridad en Michoacán. Ni 24 horas transcurrieron, cuando las autodefensas se enfrentaron al ejército, con el fin de que no se les desarme, pues el crimen organizado sigue merodeando el territorio.
Para Cecilia Lozano Meraz, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), el desarme a las autodefensas es una estrategia errónea del gobierno federal, puesto que lo primero que éste debe realizar es un trabajo en conjunto, antes de imponer la ley a quienes defienden lo suyo.
Comenta que el narcotráfico “destruye el tejido social a nivel micro, o sea, desde la familia, como consumidor y como agente activo de la cadena económica del narcotráfico”. Por ende, postula que una solución es legalizar determinadas sustancias y que en lugar de que el dinero obtenido del narcotráfico vaya a algunos “políticos corruptos”, sea dedicado a la reconstrucción de la sociedad.
Dante Haro Reyes, especialista en seguridad pública y temas referentes al crimen organizado, afirma que lo que acontece en Michoacán, es “producto de una serie de mezclas de gobiernos anteriores, combinado con la incapacidad por parte de los ayuntamientos locales”.
El también investigador del CUCSH señala que una posible solución es la desaparición de poderes en la entidad y que el ejecutivo federal, a través de la aprobación del Congreso, intervenga directamente en la zona.
¿Y el ejecutivo?
“2013 fue el año de las grandes reformas… —afirma el presidente Enrique Peña Nieto en mensaje difundido a la nación el 9 de enero—. En 2014 debemos concretar las leyes secundarias y empezar a aplicar las reformas, para que los beneficios crezcan año con año, en favor de todas las familias… con ello, juntos lograremos que 2014 sea un año mejor”.
En el discurso de Peña Nieto está ausente la guerra civil de Tierra Caliente, refiere Dante Haro, y opina: “Él no quiere verse involucrado y manda a su secretario de Gobernación. Estamos viendo una salida mediática. Hay que recordar también que uno de los factores de las estrategias es bajarle tonalidad a estos temas de delincuencia, narcotráfico y cuestiones que tienen que ver con guerras”.
Agrega que “la tonalidad del discurso oficial está en la pobreza y en otra serie de cuestiones, mientras hay una realidad imperante” y que en este caso es deber del presidente de la nación dar la cara y decir lo que está pasando, así como las acciones a tomar.
Sobre el desarme de las autodefensas, dice que es lo que se debe realizar, sin embargo, no a un solo bando y sin atacar a los grupos del narcotráfico.
Rossana Reguillo, académica del ITESO, coincidió con Haro Reyes en que el desarme a los civiles por el momento no es la respuesta, aunque vaya en contra la constitución, puesto que “si tú no eliminas el problema y no controlas a estos grupos de la delincuencia organizada, el desarme es volverlos víctimas propiciatorias para una venganza brutal”.
Apunta que con el “Plan Michoacán” de Felipe Calderón fue posible ver que la solución no es la presencia masiva de militares, sino la búsqueda de una estrategia de intervención integral, en la que esté involucrada la política social, oportunidades de empleo, educación, etcétera.
Un año de “retos fuertes”
El doctor René Torres-Ruiz, profesor investigador del departamento de ciencias sociales y políticas, de la Universidad Iberoamericana, opina que la situación en Michoacán se adhiere a una serie de retos fuertes que ya tiene el gobierno de Peña Nieto en apenas un año de gestión; la explosión de la torre de PEMEX, las movilizaciones de grupos autodenominados anarquistas, la problemática con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el propio paquete de reformas, enmarcando la energética que propinó la ruptura con el PRD en el “Pacto por México”, lo cual perjudica su propia estrategia de mecanismos de acción, para coordinarse y trabajar con las fuerzas opositoras.
Sobre el tema de que algunas problemáticas son heredadas, Torres-Ruiz dijo que México tiene un funcionamiento político, económico, social e institucional muy débil y que sí, algunos casos se han ido arrastrando de administraciones pasadas, sin embargo, concluyó que muchas de estas cuestiones se están reflejando hoy por hoy en el gobierno de Peña Nieto (Tierra Caliente es un caso) y se seguirán profundizando porque “yo no veo, por ejemplo, una capacidad y un liderazgo de este gobierno para enfrentar los problemas”, dijo.
