Un grupo de jóvenes viajaba durante la madrugada del viernes 13 de mayo por avenida López Mateos y, al ver a los travestis y sexoservidoras que a diario (durante 15 años) ofrecen sus servicios en la zona comercial de plaza del Sol, bajaron la velocidad de su automóvil para proferirles groserías.
Uno de ellos, “Paulina”, asestó un taconazo al parabrisas. Minutos más tarde los muchachos regresaron y bajaron del automóvil. Uno disparó 10 balazos a “Paulina”, a menos de medio metro de distancia. Dos impactaron en su cuerpo.
Los agresores, menores de 25 años, eran dos chicas vecinas de la zona y dos amigos radicados en Tepatitlán, región de los Altos de Jalisco, famosa por su conservadurismo. Aunque fueron detenidos unas cuadras adelante, solo consignaron, parece, a quien disparó, según relata Alicia Yolanda Reyes, corresponsal de NotieSe.
“La víctima es Eduardo Morales, un travesti de 30 años, a quien acaban de dar de alta del hospital, pero el que corre el riesgo de perder la voz”, explica el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), licenciado Pablo Navarrete Gutiérrez.
“Afean” la zona
Algunos vecinos, empresarios y comerciantes de la zona colindante con plaza del Sol esgrimieron como uno de sus principales argumentos para retirar a los travestis y sexoservidoras del lugar, que “afeaban” el sitio por su manera de vestir, además de que ejercían la prostitución.
Aclara Navarrete Gutiérrez: “No hay un solo precepto constitucional que impida a alguien tener libre tránsito por las calles, solo por vestir de una determinada manera. Tampoco existe una definición clara de qué es ‘prostitución’, y en este sentido, no podemos decir, basados en su vestimenta, que están prostituyéndose”.
Explica que en la mayoría de los casos estas personas son detenidas con el objetivo de mandarlas a barandilla, “para que los policías encuentren una fuente inagotable de extorsión”.
La ausencia de una definición del concepto de prostitución ha dado pie a la “libre interpretación” de la ley por parte de los policías, así como a un sinnúmero de abusos de las autoridades, solo porque visten de manera peculiar.
“Yo no llamo a esto ‘moral’, sino ‘moralina’, porque con esa lógica muchas personas deberían ir a la cárcel, ya que hay bastantes mujeres que usan faldas cortas, escotes abiertos y atrevidos que merecerían el mismo trato. En otras palabras, serían sancionadas con base en una ‘moral privada’, no pública. Esto significaría detener a la gente y restringir su derecho a vestir como le plazca”.
—¿No tienen derecho los vecinos a que sus clientes o hijos no vean siempre este tipo de escenas?
—El reglamento de policía y buen gobierno no describe con precisión qué es esa actividad, ni la sanción o falta administrativa que merece. Esto ha dado pie al abuso policiaco, porque el simple hecho de que alguien se vista de mujer no solo constituye una infracción, según los policías, sino que además encuadran esa conducta en el rubro de la prostitución. Esto es un absurdo, porque si la ley no describe el delito, no puede haber una sanción.
El “Big brother” zapopano
Unos días después de la agresión a “Paulina”, el alcalde de Zapopan, Arturo Zamora Jiménez, en acuerdo con empresarios, comerciantes y colonos, decidió instalar cámaras de video con la finalidad de inhibir los actos ilícitos.
El alcalde zapopano dijo que con el zoom pueden identificar placas de automóviles y los rostros. “Pretendemos que este fenómeno vaya desapareciendo poco a poco”.
Navarrete Gutiérrez asevera que la medida tomada por Zamora Jiménez, además de inhibir la prostitución, tiene como objetivo evidenciar la “doble moral” de los tapatíos, algo que implica una “invasión del poder público en la vida privada”.
“Si nos ponemos en el extremo, cualquier persona tiene derecho a solicitar un favor sexual y a pagarlo. El Estado no tiene ningún derecho de filmar a quien solicite esto, porque viola el derecho de personalidad establecido por el Código civil del estado de Jalisco, mismo que prohíbe tomar imágenes sin consentimiento, sobre todo cuando puedan ser utilizadas para escarnio público”.
Hacer un “Big brother” en el área del conflicto no es ninguna solución, como tampoco crear una “zona de tolerancia” para mandar ahí a toda “la gente fea”, ya que “la experiencia mundial indica que suelen convertirse en sitios de criminalidad, exclusión y violación de los derechos humanos”.
La solución
De acuerdo con Navarrete Gutiérrez, debe quedar claro que el asunto de los travestis, transgénero o sexoservidoras “no es tanto un problema, sino un fenómeno. En consecuencia, el trabajo sexual tiene que ser reglamentado. Incluso quitaría la palabra ‘prostitución’, porque tiene una connotación social de rechazo y estigma”.
Esa actividad ya fue reconocida como “legítima”. De hecho, está protegida desde el punto de vista legal por la Organización Internacional del Trabajo, ya que implica cumplir una serie de derechos y obligaciones.
“Es necesario crear una ley local que reglamente y legitime esta labor, a fin de que sea reconocida y protegida, algo que también daría certeza jurídica a la sociedad en este tema y claridad en cuanto a los derechos y obligaciones de las sexoservidoras”.
Mesas de discusión
La doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, investigadora del Departamento de Desarrollo Social, de la Universidad de Guadalajara, fue invitada por el ayuntamiento de Zapopan para mediar las exigencias entre comerciantes, vecinos de las colonias aledañas a la zona de conflicto, travestis y sexoservidoras.
El papel que ha desarrollado la Universidad consiste en entender el fenómeno y analizar cuál podría ser la mejor solución, con base en la experiencia de otros países, subrayó.
Luego explicó que los comerciantes tienen una actitud de apertura. Quieren facilitar las condiciones de las sexoservidores. “Solo les pidieron que muevan sus horarios de trabajo, para que ambas partes puedan utilizar los espacios públicos de manera adecuada y sin interferir unos con otros”.
Dijo que la postura de las sexoservidoras ha sido bastante abierta. No solo entienden las necesidades de los demás, sino que tratan de adaptarse a las exigencias de los comerciantes y los vecinos. Por esto decidieron aceptar el nuevo horario y mover su ubicación unas cuadras”.
La postura más radical provino de los representantes de las colonias, quienes criticaron la vestimenta que usaban las sexoservidoras para su trabajo. Decían que “estaba fuera del orden”, que de plano “mejor se movieran de los alrededores”.
—¿A qué solución llegaron?
—El ayuntamiento de Zapopan explicó, por medio de la representante de la Coordinación de desarrollo social, que sería difícil encontrar una solución inmediata. Pidieron que fuera elaborada una propuesta, con el objetivo de ser resuelta por los diputados, así como crear una iniciativa de ley en este tema.
“Mi sugerencia es que analicen a profundidad las diferentes necesidades de las partes involucradas y que ofrezcan una solución en términos jurídicos, para dar certeza a esta población que vive condiciones laborales con altos factores de riesgo y exclusión social”.
