A raíz del escándalo reciente de la presunta corrupción en el Instituto Electoral del Estado de México, que concluyó con la total renovación de los consejeros y de cara a la próxima elección concurrente en Jalisco en el 2006, que se avizora áspera y muy competida, es importante reflexionar sobre el perfil de quienes deberían ser nombrados como consejeros de este importante órgano electoral y sobre todo el procedimiento de selección.
En primer lugar, se debió haber valorado la experiencia en organización de procesos electorales de los aspirantes, requisito que, por cierto, no contempló la convocatoria, de tal forma que los próximos consejeros aporten experiencia para mejorar el desempeño del ahora Instituto electoral en Jalisco, antes Consejo Estatal Electoral.
La experiencia es un elemento importante que toda organización, sea pública o privada, toma en consideración en el reclutamiento de su personal y más sí este es directivo.
En segundo lugar, se evaluó y se descartó a los aspirantes con base en un examen de conocimientos, tipo escuela de primaria, donde lo que contó fue la capacidad de memorización de códigos y leyes electorales. Este fue, además, un examen estrictamente jurídico, que dejó de lado aspectos importantes de la sociología electoral, la ciencia política y la teoría de la democracia y del Estado, por señalar algunas áreas importantes que no fueron consideradas.
Hoy día, ninguna organización moderna recluta a su personal con base a examen memoristas, que son propios del siglo XIX, sino tomando en cuenta aspectos más importantes para el trabajo de un consejero electoral, por ser el caso, como lo son la capacidad de trabajar en equipo, la toma de decisiones sobre una base colegiada, el conocimiento de la materia de trabajo y la experiencia en organización de procesos electorales.
En tercer lugar, se habló de la necesidad de evaluar la reputación, integridad o calidad moral de los aspirantes, documentado con una carta de no antecedentes penales emitida por una autoridad competente, según dice la convocatoria. Sin embargo, tengo varias preguntas sobre el tema. Por ejemplo, ¿quién juzga la autoridad moral de los aspirantes? ¿Los diputados? ¿Estos “representantes” tienen autoridad moral para juzgar o incluso examinar a los demás ciudadanos? Son preguntas.
En cuarto lugar, cabe cuestionarse si los diputados realmente seleccionan a los consejeros con base al mérito o simplemente todo esto ha sido un sainete para tratar de legitimar socialmente una decisión ya tomada de antemano, repartiéndose los espacios, como tradicionalmente se ha hecho, por cuotas partidistas en la que lo que realmente cuenta es la cercanía, componenda e intereses políticos o personales de los propios diputados.
Sin duda, Jalisco requiere un órgano electoral profesionalizado, confiable e imparcial, que evite los escándalos y problemas que se han generado en otras entidades como el caso del Estado de México. Sin embargo, muchos de los aspirantes a consejeros en Jalisco han tejido sus posibilidades de ser nombrados no con base a sus capacidades y competencias profesionales, como se nos trata de hacer creer, sino sobre la base de su relación, arreglo o amistad personal con ciertos diputados, previo cumplimiento formal, claro, de los requisitos señalados por la convocatoria.
En este sentido, por su origen y trama, los nuevos consejeros, muy seguramente, representarán más el interés de los diputados y partidos al que les deben su nombramiento, que el de la sociedad. Que no nos engañen, las formas han cambiado, pero no la esencia.
* Andrés Valdez Zepeda es catedrático del CUCEA y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
