El pequeño cuarto sigue clausurado. Por la reja que hace las veces de puerta, se puede atisbar ropa tirada por todos lados: en el piso de cemento, en la cama sin hacer o colgada de un poste a manera de closet. Ropa de mujer adolescente. Afuera reina la desolación.
El barrio de La Piedrera, en el municipio de El Salto, ofrece un paisaje lunar: calles de tierra blanca serpentean entre cráteres y escampados, que en un tiempo fueron cauces de ríos y terrenos de pastizales. Aquí, dicen, es un tiradero de cadáveres: no pasa semana sin que en éste o en los barrios cercanos aparezca uno. Sólo las dos primeras cuadras que dan a la carretera Guadalajara-Chapala están asfaltadas, en un intento para maquillar la desolación de allá más abajo, esconderla a los turistas y visitantes que van y vienen a la ciudad desde el aeropuerto.
En el pequeño cuarto con sellos de la Procuraduría, en la calle Agua Marina, la madrugada del 24 de diciembre, Lisbet Alejandra Romero Cardona, una muchacha de 16 años, embarazada de seis meses, fue brutalmente asesinada: la desmayaron con un golpe en la cabeza para luego estrangularla y abandonarla allí, en una pequeña cama con colcha de dibujos infantiles. El supuesto homicida fue su novio, un hombre de 32 años, originario de Veracruz, que la policía aún está buscando.
La madre, Isabel Cardona, la encontró sin vida, a las 10 de la mañana. El padrastro, Cesáreo Patiño, que ya tiene 12 años viviendo con la familia, llamó a la policía: “Llegaron de varias dependencias, municipales y estatales. Pero lo que para mí fue desesperante, fue su actitud bien prepotente, la ignorancia completa. Te preguntan de todo, pero nadie te dice quiénes son ellos. Te tratan como a un delincuente”.
Para la familia, que se dedica a la fritura de la papa —que reparte a domicilio o vende en el tianguis—, empezó un doble calvario: superar el dolor por la pérdida de la hija, y al mismo tiempo enfrentar la displicencia y la opacidad de las agencias del Ministerio Público. “Lo que quería yo, era aportar información sobre el homicida”, dice Patiño. “Sabemos que el cuate anda allá, en su pueblo de Veracruz. Tenemos fotos de él, pero a mí, como soy padrastro, ni siquiera me tomaron la declaración, y mi esposa no puede con eso. Todavía estamos traumatizados con lo que pasó”.
Además, su otra hija de 14 años, Anayelly, que tiene un bebé de tres meses, fue amenazada de muerte por su novio, un amigo del presunto homicida, también de Veracruz, a raíz de que Cesáreo lo corrió de la casa. “Llamé a la policía. Lo arrestaron porque andaba borracho y drogado. No alcancé a llegar a la agencia para declarar, y ya lo habían soltado”, afirma Cesáreo. “A las pocas horas, ya estaba ‘pisteando’ en la calle con sus compas, aquí atrás de la casa”.
Agrega: “Mi preocupación fue proteger a mi hija y a su bebé. La llevé a Guadalajara y luego le hablé a unos amigos, para que vinieran a la casa. No nos queda más que autoprotegernos”.
Reticencias en las autoridades
Según la Procuraduría de Justicia del Estado, el de Lisbet es uno de los tres casos que se están investigando como feminicidio, desde que, en noviembre, aplican los protocolos de la ley 24064/LIX/12, que tipifica este delito y que entró en vigor en Jalisco el 23 de septiembre de 2012. Otro, que podría entrar en esta categoría, aun está por definirse.
Sin embargo, Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), apunta que solamente en lo que va del año en Jalisco contabilizaron 11 homicidios de mujeres. De acuerdo a sus estadísticas, el año pasado cerró con 152 de estos asesinatos, de los cuales, por lo menos 30 sucedieron después de la entrada en vigor de los protocolos (en la nota publicada en La gaceta 723, del 12 de noviembre de 2012, la misma Ramos declaró que hasta entonces los homicidios de mujeres eran 119).
Estas cifras no coinciden con las que dio a conocer Jorge Torres, jefe de la División de Homicidios Intencionales, de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, según el cual, desde que entraron los protocolos y hasta finales de 2012, “hubo 3 o 4 homicidios de mujeres”. El funcionario dijo que “tratándose de muertes violentas de mujeres, iniciamos la investigación con el protocolo, y el desarrollo de la misma nos dirá si estamos ante la presencia de un delito de feminicidio, homicidio o parricidio”.
Esta discrepancia se podría imputar a lo que las asociaciones que trabajan en materia de violencia contra la mujer, han denunciado desde siempre: la reticencia para catalogar estas muertes violentas como feminicidios. Un ejemplo es lo que declaró Lino González, jefe de comunicación social de la PGJ: “En el caso de la muerte de una universitaria, que la mató su esposo el año pasado, muchas asociaciones hablaron de impunidad, porque se consignó como parricidio y no como feminicidio, cuando en fin de cuentas la pena es la misma”.
“No es tanto la cuestión de la pena”, indica Guadalupe Ramos. “Por lo que luchamos desde hace años es que se reconozcan las peculiaridades de los homicidios perpetrados por los hombres contra las mujeres, para visibilizar esta problemática y la violencia de género que existe en México, y de la cual todas podemos ser víctimas”.
