El dolor no prescribe

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Alejandra Cartagena López es hija de David Jiménez Sarmiento, quien fue asesinado el 11 de agosto de 1976, uno de los miembros fundadores de la Liga 23 de septiembre. A su abuelo paterno lo desaparecieron el 11 de mayo de 1975; a su abuela la tuvieron presa en el campo militar número 1; a su tío (hermano de su padre), lo mataron el 18 de agosto de 1978; a su madre, Leticia Galarza Campos, también la desaparecieron el 5 de enero de 1978.
“Es una monstruosidad que los delitos de lesa humanidad prescriban. Imagínate. Es una aberración. Si los ministros tuvieran un hijo que Echeverría hubiera mandado desaparecer o matar, yo me pregunto si dirían lo mismo. El dolor no prescribe. Somos hijos y madres de desaparecidos que esperamos haya justicia. Sabemos que será un camino muy largo”.
Cartagena López es una de las organizadoras del primer Encuentro nacional de hijos de detenidos, desaparecidos, ejecutados y torturados durante la Guerra sucia en México, evento que será realizado en la ciudad de México, el 23 y 24 de abril de este año.
“La fiscalía no ha servido para nada, porque no ha contado con la autoridad para hacer valer lo que es legal. Lucharemos porque se nos haga justicia y no vamos a detenernos.
“Era necesario que los hijos nos uniéramos para hacer un frente común y lucháramos contra estas cosas, que sabemos fue un trato monstruoso entre Vicente Fox y Roberto Madrazo”.

Jueces
El argumento del juez César Flores para anular la orden de arresto contra el expresidente de México y otros 11 funcionarios del sexenio 1970-1976 es que el delito de genocidio ya prescribió.
Aunque algunos diarios mexicanos opinan que la fiscalía fracasó en su intento de llevar a Echeverría a la cárcel, el periodista Miguel íngel Granados Chapa aseveró en el periódico Reforma, en julio pasado, que negar la orden de aprehensión no equivale a la última palabra: la fiscalía puede apelar a acuerdos y tratados internacionales que ha suscrito México, para respaldar su petición y conseguir las órdenes de aprehensión, procedimiento que tarda hasta dos meses.
El fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, indicó en rueda de prensa el año pasado que, “a su entender”, el hecho ocurrido el Jueves de corpus (10 de junio de 1971) fue un “genocidio”, delito que “no ha prescrito”.
Afirma que de acuerdo con el derecho internacional, este delito no puede prescribir en México, ya que nuestro país firmó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad.
No obstante, el magistrado descartó los argumentos del fiscal, pues dicho pacto entró en vigor el 10 de diciembre de 2001, cuando los cargos ya habían caducado. “La ley estipula que la penalidad por esta falta (genocidio) abarca de 20 a 40 años de prisión. Con base en esto, el término medio aritmético para que prescribiera fue de 30 años, periodo cumplido el 10 de junio de 2001”.
El abogado defensor de Luis Echeverría declaró a Televisa, en esas mismas fechas, que el expediente de 15 tomos presentado ante el juez “está integrado por textos de revistas, periódicos y libros, mismos que carecen de validez probatoria”.
El defensor añadió que la Corte de justicia decretó el genocidio como imprescriptible “a partir de junio de 2002 y hacia el futuro”.

Injusticia mexicana
“La sensación es que en México priva la impunidad. Lástimablemente, la desconfianza en la aplicación de la justicia es bastante fuerte”, explica la investigadora del Departamento de Movimientos Sociales (Desmos), Leticia Carrazco Gutiérrez, de la Universidad de Guadalajara.
“En esta resolución, como en otros casos de represiones y crímenes, los encargados de ejecutar las leyes no están a la altura de las expectativas albergadas por la mayoría, consistentes en la necesidad de hacer justicia. Esta decisión afecta el avance en materia de derechos humanos”.
Para el doctor Jaime Tamayo, investigador del Desmos y director del proyecto “El echeverrismo, una historia inédita”, el que haya existido una represión violenta contra estudiantes y un alto número de muertos no significa que estemos frente a un genocidio, pues dicho término posee una connotación más amplia, y se define como “el intento de destrucción de un grupo social, étnico y cultural”.
Lo que ocurrió en 1971, dijo, no podría ser calificado de genocidio, de manera que es necesario revisar los elementos de prueba contra Echeverría.

Corpus: política y olvido
El 10 de junio de 1971 un grupo de estudiantes realizó una marcha en la capital mexicana, en la que buscaban apoyar una reivindicación de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A la protesta también acudieron alumnos del Instituto Politécnico Nacional. Ambos grupos manifestaron su descontento por la matanza ocurrida el 2 octubre de 1968, en Tlatelolco.
Rumbo al zócalo, surgió un grupo de paramilitares, conocido como Los Halcones –del que Echeverría no negó su existencia en una entrevista para el diario El Universal, en 2002–. El grupo comenzó a disparar. El saldo oficial fue de 17 muertos y cientos de heridos y detenidos, pero las ONG dicen que el número fue mayor.
La matanza, conocida como el Jueves de corpus, dio inicio a la llamada Guerra sucia. Durante la persecución a líderes sociales, en abril de 1975 desapareció Jesús Piedra Ibarra, miembro de la Liga comunista 23 de septiembre e hijo de la activista Rosario Ibarra, quien encabeza el Comité Eureka, dedicado al esclarecimiento de los casos de desaparecidos.
De acuerdo con un informe de 2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la lista de activistas políticos que desaparecieron ascendió a 532 casos. La línea de investigación de la CNDH apuntó a las agrupaciones policíacas del mandato de Echeverría, sobre todo a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y sus directores: Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda, como presuntos culpables de las desapariciones.
La detención de Nazar Haro en febrero de 2004 –luego de una primera orden de aprensión rechazada– fue el primero de los eslabones en la cadena de averiguaciones en torno a la Guerra sucia.
El exdirector de la DFS fue acusado de privar a Jesús Piedra Ibarra de su libertad. En su declaración explicó que parte de sus tareas de inteligencia consistían en efectuar un informe general de la situación política, económica y social de México, mismo que enviaba a Echeverría y a su secretario de Gobernación, Mario Moya.
El encarcelamiento de Nazar Haro en el penal de Topochico, en Nuevo León, apuntaló las indagaciones hechas a partir de la denuncia interpuesta en 2002 por Jesús Martín del Campo, exlíder estudiantil y actual funcionario en el gobierno del Distrito Federal.
El periodista Raymundo Riva Palacio escribió en julio de 2004, en El Universal, que si el poder judicial consignaba a los culpables, habría un cisma en la clase política mexicana.
No obstante, recalcó, la Guerra sucia es un tema desconocido para los mexicanos. No se grabó en la memoria colectiva como la matanza de Tlatelolco, de la que han hecho películas, libros y leyendas.

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