En los últimos días, a raíz de las campañas electorales, hemos escuchado continuamente la promesa sobre paz y tranquilidad para los próximos años, un ofrecimiento que parece sólo sustentado por el ánimo de lograr votos y no en posibilidades reales de recuperar un ámbito armonioso para la vida en sociedad. Es un hecho que día con día aumenta el número de personas desaparecidas, la inseguridad, la violencia, la corrupción e impunidad en prácticamente todo el territorio nacional y son problemas que no paran de crecer, gracias a la complicidad e indiferencia de los servidores públicos y grupos de poder. ¿Por qué habremos de creer a los candidatos que lograrán recuperar la paz social? Los discursos sobre la paz no bastan para alcanzarla.
Garantizar a los ciudadanos un ambiente adecuado para su desarrollo y convivencia, exige atender al menos cuatro aspectos básicos: seguridad, educación, empleo y salud. En todos tenemos rezagos históricos, pero en el caso de la seguridad, se afecta directamente nuestra posibilidad de sobrevivencia en el plazo inmediato.
El año 2017 fue el más violento del que se tiene registro en México, con cifras superiores a las 29 mil víctimas por homicidio, niveles máximos históricos que representan un incremento del 25 por ciento anual, cifra en verdad escandalosa, incluso comparada con el 2011, un año considerado como el más violento de la política sexenal en la guerra contra el narcotráfico. Como consecuencia, el nivel de paz en México experimentó un deterioro del 10.7 por ciento, en comparación con el año anterior.
Aunado a esto, 25 de los 32 estados del país sufrieron un deterioro en el mencionado nivel de paz, según el informe más reciente del Índice de Paz México, que realiza el Instituto para la Economía y la Paz; solo siete estados mejoraron en el indicador, Yucatán, como la entidad más pacífica del país, seguida por Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas, todos éstas, con excepción de Coahuila, mejoraron sus niveles de paz durante 2017. Entre las entidades menos pacíficas se encuentra, por primera vez, Baja California Sur, le siguen Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas.
La inseguridad y la violencia afectan la vida económica y la cohesión social. Recuperar la tranquilidad que algún día tuvieron las ciudades debe ser parte de los principales objetivos para que pueda haber desarrollo social y económico en el país, no como parte de una campaña electoral, sino como política pública que se traduzca en estrategias y programas transexenales y en la conciliación de voluntades de todos los sectores y niveles gubernamentales.
En cuanto a la confianza en las instituciones de seguridad pública, sólo el 18 por ciento de los mexicanos les tiene un alto nivel de confianza, lo cual, comparado con los índices de años anteriores, representa el nivel más bajo desde 2012. Cabe mencionar que más de la mitad de los mexicanos, el 64 por ciento, percibe a las instituciones de seguridad pública como corruptas y el 70 por ciento piensa lo mismo de los jueces. En México se gasta el uno por ciento en cuestiones de seguridad interna y el sistema judicial, cifra que equivale al 60 por ciento del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
Para darnos una idea de la situación en la que estuvo el país el año pasado, se puede mencionar que el impacto económico de la violencia fue ocho veces mayor que la inversión pública en salud o siete veces mayor que el presupuesto en educación. El indicador que más contribuyó al impacto económico de la violencia en 2017 fue el de homicidios, con 46 por ciento del impacto total, seguido de delitos con violencia, como violación, robo y asalto, que representaron el 40 por ciento del total.
El índice, además de proporcionar datos estadísticos de la situación en el país, también hace algunas recomendaciones; por ejemplo, señala que la guerra contra las drogas no es una política pública viable para lograr la paz e indica la necesidad de una estrategia más amplia que atienda aspectos causales de la ilegalidad. Los datos y análisis que realiza el Instituto para la Economía y la Paz son elementos para los hacedores de políticas públicas. Hay información, hay sugerencias, pero no habrá resultados si sólo se habla sobre la paz y el futuro, sin que efectuar realmente trabajo conjunto para conseguirla.
