Autoridades de Jalisco impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM), publicada el pasado 16 de abril, con la que se obliga a los hospitales públicos a atender los abortos de mujeres que afirmen haber sido víctimas de violación. De prosperar la impugnación, en Jalisco no se aplicaría esta normativa.
Nada más unas preguntas: ¿El gobierno les va a ayudar a estas mujeres que ven truncada su vida por un hijo que no desearon? O ¿tienen cupo ilimitado en el orfanato para tanto niño que luego dejarán abandonado a su suerte en una esquina?
Considero que antes de impugnar realicen foros con mujeres que ya sufrieron esta situación, pero como siempre pasa en el país, siempre hay otros que piensan y hacen leyes de acuerdo a sus pensamientos, sin tomar la experiencia de quienes lo padecen.
Los traumas y la poca ayuda que reciben las mujeres victimas de violación, no pueden reducirse a números de encuestas o a la creación de centros de atención que terminan burocratizando. Hay que ponerse en sus zapatos, autoridades estatales.