Históricamente, la figura del artista evoca a un personaje especial, alguien a quien se le reconocen virtudes extraordinarias que radican en su capacidad creadora, sin embargo su inserción en la comunidad no carece de dificultades. Si bien existe un lado amable que permite relacionarlo con una vida interesante y bohemia, hay otra cara de la realidad que lo mantiene en los márgenes de la precariedad.
El arte como estrategia comunicativa exalta la sensibilidad social a partir de la creación de lenguajes estéticos que tejen una parte importante de las formas de hacer comunidad. Mientras que este poder se reconoce en los discursos políticos, en nuestro país la relación económica de esta función permanece tramposamente desdibujada, sin integrarse cabalmente a la legislación.
Desde hace algunas semanas, la crisis en la Compañía Nacional de Danza ha hecho visible un problema laboral añejo que padece todo el gremio artístico, particularmente quienes se dedican a las artes escénicas. Si bien la crisis de la protección social es generalizada en el país, con un sistema de salud rebasado y programas de jubilación y pensiones que tienden a desaparecer, el trabajo del arte posee especificidades que le distinguen y de las cuales se ha favorecido un sistema cultural a costa de los creadores, que en el mejor de los casos son considerados como “proveedores”. En México, la situación en que se encuentran los artistas —y particularmente los escénicos—, es uno de los ámbitos menos estudiados del sector cultural. Aún no contamos con estudios suficientes que permitan dimensionar, desde la economía social, a la comunicad artística y las condiciones en que desarrollan su trabajo. No es difícil reconocer que la situación actual dificulta el establecimiento de una relación contractual relativamente estable entre el trabajador artístico y cualquier otra instancia, por ello la necesidad de hacer investigación que consiga describir el trabajo artístico y las dinámicas de su producción, para entonces poder elaborar una legislación laboral que proteja al “prestador de servicios” con un soporte institucional real que avale todos sus riesgos.
En primer lugar, se debe generar una ley que atienda este universo, para luego establecer mecanismos apropiados para el control y cumplimiento de esa legislación laboral específica que consiga la reglamentación necesaria para su operación. Dentro y fuera de los informes institucionales, el artista es un agente transformador que interviene positivamente en la sociedad, sin embargo el circuito económico del que participa, siendo el principal dinamizador, se ha mantenido lejos del interés de las políticas culturales. Los profesionales de las artes escénicas sólo pueden aspirar a un contrato laboral justo cuando desempeñan una parte mínima de su oficio, como la docencia. En otras áreas su trabajo tiene un carácter tan discontinuo como sus percepciones. Países como Chile y Argentina han conseguido la aprobación de sistemas legales, que si bien son perfectibles, sientan las bases para la creación de un mecanismo que considere con toda justicia al profesional escénico a fin de establecer un marco regulatorio que le brinde estabilidad y mejore su calidad de vida.
Mientras no se construya en conjunto un marco jurídico adecuado a las particularidades del oficio escénico, las actividades que realizan los creadores seguirán dependiendo de una burocracia que los obliga a parecer una empresa de capital variable, con todas las desventajas que esto supone para su desempeño y economía.
