El carpetazo que prácticamente los distintos poderes dieron al FOBAPROA constituye una agresión más para la economía de la mayoría de los mexicanos y un regalo para algunos sectores de las elites políticas y económicas del país. En adelante, las clases trabajadoras y medias tendrán que destinar, forzadamente, vía pago de impuestos o de reducciones en las transferencias o en el gasto público que se destina al otrora llamado bienestar social.
Por otra parte, resulta claro que las alianzas políticas entre los grupos de poder económico político resultan funcionales y expedita cuando se proponen y, el colmo en estos tiempos, hasta llegan a asumir posiciones unánimes: en ese sentido resulta claro que, una vez más los grupos industriales y financieros del país lograron su cometido. Estos, encabezados por el presidente del cambio, lograron a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), echar abajo la capacidad de la Cámara de Diputados en la revisión de la cuenta pública, argumentando que la Auditoria Suprema de la Federación (ASF) irrumpió el ámbito del Ejecutivo.
Con el laudo de la SCJN cancela la orden de la fracción IV del artículo 74 constitucional que establece la capacidad primordial de la Cámara de Diputados de revisar la cuenta pública y verificar si se ha adaptado a las normas marcadas en el presupuesto y si se han acatado sus objetivos. Durante este tiempo, el Ejecutivo influyó en la Corte para respaldar el veredicto a su favor, demostrando que la división de poderes sigue siendo, todavía, una quimera.
El problema del asunto es que siempre se habla en los medios nacionales e internacionales que somos un país democrático, ante estos hechos, sólo podemos decir que las democracias no se construyen con buenas intenciones, sino con reglas y leyes claras que se respeten por toda la comunidad y que estas reglas y leyes no se manipulen a favor de grupos que detentan el poder.
El problema del Fobaproa ha sido un caso muy oscuro para la población, la estimación del gobierno que realizó en noviembre de1995, fue que el costo del rescate bancario ascendió a $84,000 mil millones de pesos, representando el 5.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), el caso es que en la actualidad, la deuda ha crecido como una bola de nieve a un poco más de $1.2 billones de pesos o el 17 % del (PIB).
El 31 de marzo de 1998, el primero que trató de transformar la deuda del Fobaproa en deuda pública fue el Presidente Zedillo, cuestión que no pudo lograr. Y a la fecha, se sabe que año con año el gobierno federal paga de puros intereses en dicha deuda más de $30 mil millones de pesos. El actual Presidente tampoco ha logrado convertir la deuda del Fobaproa en deuda pública, pero tarde que temprano los grupos de poder lograrán su cometido.
La historia de todo este problema, no estriba en que se logró salvar de sus deudas a los pequeños y medianos deudores, al contrario, contra ellos se aplicó toda la ley. A los que verdaderamente se rescataron fueron a los grandes empresarios y financieros, incluyendo el rescate carretero con cerca del 30 % de los recursos públicos destinados a este fin y en el que destacan empresas como: Grupo Mexicano de Desarrollo y Synkro de la familia Ballesteros, Gutsa y Desarrollo Inmobiliario Vía de Juan Diego Gutiérrez Cortina; además de empresas destinadas a actividades diversas como, Grupo Calzado Canadá de los López Benavides, el Grupo Sidek, el Grupo Comercial Chedraui, Grupo Lomelí de Arturo Lomelí Villalobos y una lista innumerable de empresas y empresarios que fueron y han sido favorecidos por nuestro sistema político.
Esta situación sólo ha llevado a nuestro país a que una cantidad mayor de mexicanos vivan en la pobreza por el desvió de recursos del erario público que realizó el gobierno para poder sostener esta realidad, recursos que bien podrían haber sido destinados a la salud, educación y seguridad de muchos mexicanos. Desde 1995, el gobierno ha actuado en defensa de los derechos de los ricos y el de los pobres ha sido olvidado, pues desde entonces el país ha tenido un crecimiento económico insuficientemente como para generar un adecuado nivel de vida en el ciudadano mexicano.
En términos estrictamente económicos la deuda del Fobaproa habrá de hipotecar el futuro inmediato de los trabajadores y desbordado el horizonte de buena parte de la clase empresarial mexicana. En ese sentido, en México la economía política sigue igual desde hace más de 70 años: el gobierno del cambio continuó con las mismas políticas de los pasados presidentes, manipulando la Constitución a favor de poderosos grupos empresariales y políticos… incluido el propio presidente de la república.
*Investigadores de la División de Economía y Sociedad (CUCEA)
