Resulta claro que el Estado necesita más dinero. Nadie puede negar, sensatamente, que los recursos de que dispone el erario público son insuficientes para cubrir las crecientes e urgentes necesidades que plantea, tanto el aparato productivo como la estructura social. Lo discutible es tratar de solucionar la precariedad de las finanzas públicas sólo, o principalmente, por la vía de la recaudación tributaria y en particular por la vía del creciente pago del impuesto sobre la renta. Ese es el camino más fácil, más cómodo: por eso no sorprende la diligencia con la que el gobierno de Felipe Calderón ha resuelto el tema. En el presupuesto federal para el 2011 no queda considerado más que exprimir al contribuyente por la vía del pago ISR, con la ventaja para el gobierno de que éste último es ineludible para los causantes cautivos, pero no obliga. De allí su injusticia, a millones que están en la economía informal. Esos constituyen, como gustan decir algunos economistas, incentivos para tratar de evadir aún más al fisco o de plano preferir el ocio que al trabajo.
No es pues, sobre esas premisas, como se pueda fortalecer la capacidad financiera del Estado. Existen otras, por ejemplo, la de mejorar, en general, la calidad y eficiencia del gasto público en los tres niveles de gobierno y en las empresas públicas, evitando el despilfarro. Otra: mejorar la transparencia en el ejercicio del gasto, evitando la opacidad. Una más: optimizar la recaudación por parte de los gobiernos estatales y municipales, evitando la irresponsabilidad. Otra: reconsiderar, seriamente, el uso de mayores márgenes del déficit público por parte del gobierno federal, evitando la carencia de compromisos sociales del Estado.
Por sus repercusiones es necesario revisar esas y otras opciones para mejorar la recaudación como proporción del PIB. En esta ocasión examinamos las dos últimas opciones: mejorar la recaudación por parte de los gobiernos estatales y municipales.
¿Qué hace y qué genera la debilidad fiscal en México de manera importante? Uno de los factores importantes lo constituye la debilidad estructural que tienen los estados y municipios para aumentar su recaudación y para tener responsabilidades de gastos relevantes. De manera que cualquier medida que fortalezca la recaudación en los estados y municipios debe ser bienvenida. México se destaca por la subutilización de impuestos locales, que es, probablemente, una de las mayores del mundo. Específicamente, nuestro país tiene una recaudación en impuesto predial de las menores del mundo. Los estados y municipios deben hacer un esfuerzo por fortalecer sus haciendas públicas. Para ello es necesario revisar la coordinación fiscal, para mejorar el andamiaje jurídico en todos los temas tributarios, para ampliar la recaudación local de estados y municipios, pero también para que éstos tengan mayores responsabilidades en el ejercicio del gasto y en el manejo de la deuda pública.
En México se han realizado muchos esfuerzos por descentralizar responsabilidades de gasto, que no acabaron de cuajar en el proceso de la denominada transición democrática. Esos esfuerzos hechos a mitad de los 90, en los sectores educativo y de salud, no encontraron nuevas formas y la transferencia o descentralización emprendida arrojó como saldo, verdaderos entuertos administrativos y fiscales que, hoy, son pagados, tanto por los “usuarios” como por el personal médico que se desempeña en el sistema de salud pública o por los alumnos y profesores del sector educativo. Los déficits en esos sectores se ensanchan ante la mirada cínica y arbitraria de los distintos órdenes de gobiernos.
Por ello vendría bien repensar y calibrar mejor el uso y manejo de la deuda pública. Como se sabe, en aras de mantener los indispensables equilibrios macroeconómicos, la sola idea de gastar más de lo que el país gana, ha sido abominada y repudiada por quienes, independientemente de las siglas partidarias, han diseñado y ejecutado la política económica del gobierno. De la misma manera que en otros tiempos pudo haber existido una actitud irresponsable en los gobernantes que dilapidaban recursos sin hacerse cargo de la capacidad real de la economía, en fechas más recientes se extendió un prejuicio fundamentalista contra el manejo del déficit fiscal. Durante varias administraciones, la prioridad ha sido alcanzar una cuenta pública equilibrada, aunque sea a costa de sacrificar la inversión para el desarrollo y el gasto social.
La realidad suele ser el mejor remedio contra los dogmas. Y actualmente no hay realidad económica más palmaria que la crisis internacional. La historia, por su parte, no se cansa de demostrar que, en cada crisis sobreviene, para paliar los desajustes, una mayor intervención del Estado y un manejo audaz del déficit público. Y aun así, como recientemente lo ha podido constatar Barack Obama, las cosas no pueden llegar a buen término.
En México el déficit podría ser mayor, con candados para un manejo responsable, pero siempre y cuando sirviera para respaldar una extensa e intensa política social. Una decisión así, tendría que ser tomada, de manera conjunta, por las principales fuerzas políticas del país. El déficit fiscal es preferible al creciente déficit social.
