Las campañas electorales en México figuran entre las más caras del mundo. Los impuestos de los ciudadanos sostienen el lucrativo negocio de la política para líderes, candidatos de representación popular y medios de comunicación cuando hay renglones prioritarios que reforzar como ataque a la pobreza, educación, seguridad pública y salud.
Tan solo para las elecciones federales del 2006, en su sesión extraordinaria del 18 de agosto, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó la cantidad de 12 mil 920.6 millones de pesos, de los cuales 4 mil 926.1 millones se destinarán al financiamiento público de los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales con registro; mil 62.1 millones de pesos para hacer efectivo el voto de los mexicanos en el extranjero y 6 mil 932.5 millones se canalizarán a los gastos de operación del instituto.
“Los casi trece mil millones de pesos, que falta sean aprobados por el Congreso, constituyen una cifra estratosférica, tomando en cuenta el nivel de pobreza. Resulta ofensivo para la mayoría de la población, ya que hay muchas necesidades en cuestión de creación de empleo, de vivienda, de salud, de combate a la pobreza y se está dando prioridad a lo político”, dijo Andrés Valdez Zepeda, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).
El presupuesto mencionado son para tres tipos de elección: presidencia de la República, senadores y la elección para integrar la Cámara de Diputados. No incluye los presupuestos para gobiernos locales.
El gasto total podría ser de alrededor de 20 mil millones de pesos –indica el especialista en mercadotécnia política-, si tomamos en cuenta el financiamiento de los partidos por parte de los órganos electorales estatales, los tribunales estatales y el federal sin tomar en cuenta el dinero que proviene del financiamiento privado, los recursos públicos que podrían desviarse para gastos de campañas, entre otros.
El caso de México, bajo el esquema de financiamiento a los partidos políticos no es único, pero sí es representativo por el excesivo gasto que se canaliza para la operación de estos organismos, señaló Marco Antonio Cortés Guardado, director de la División de Estudios Políticos y Sociales, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)
Los que se llevarán la mayor tajada de pastel del presupuesto otorgado por el IFE no son los dirigentes o candidatos de los partidos políticos, sino los grandes consorcios de los medios de comunicación electrónica, principalmente de la televisión.
Los ganones
De acuerdo con el especialista en mercadotecnia política, Andrés Valdez Zepeda, los partidos políticos destinan a publicidad mediática cerca del 70 por ciento del presupuesto designado.
Con el académico universitario coincide el ex consejero ciudadano del IFE, Fernando Zertuche, al indicar, de acuerdo a un boletín difundido por la Universidad Nacional Autónoma de México, que los gastos en televisión y radio se han convertido en piedra angular del costo de las campañas en México.
En el mismo comunicado también Arturo Núñez, ex director general del IFE, agregó, que el gasto en medios de comunicación se ha convertido en el disparador de las campañas electorales en México.
Señaló a manera de ejemplo que en la elección presidencial del 2000, el PRI reportó haber gastado en este rubro 71 por ciento del total de su monto de campaña; mientras que la Alianza por el Cambio, conformada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, el 69 por ciento; y la Alianza por México, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo, Acción Social, Sociedad Nacionalista y Convergencia, el 50.
“El gasto para apoyar las elecciones es un verdadero dispendio de recursos en anuncios y carteles. La mayoría de la publicidad que se produce es basura: spots de mala calidad, tontos, que no le dicen nada al votante, chatarra que se cuelga por todas partes en las áreas urbanas y en el campo. Es visible el exceso en que caen los partidos políticos”, externó Marco Antonio Cortés Guardado.
No en todas partes del mundo la mercadotecnia política es cara –continuó Andrés Valdez Zepeda–, “el modelo europeo es prácticamente regalado. Tanto en España como en Francia no se permite que los partidos y los candidatos compren a consorcios televisivos espacios en medios de comunicación. Lo que hacen es que el estado les garantiza a través de los tiempos fiscales, espacios para dar a conocer sus ideas, candidatos, propuestas, plataformas electorales y para motivar el costo de los electores”.
El gasto por publicidad en medios no tiene un costo presupuestal directo como pasa en México.
Otro problema es que el trato que los medios dan a los partidos políticos no es equitativo en costos. A unos les cobran más caro que a otros, de acuerdo al libre juego de la negociación donde a veces influyen intereses políticos de las mismas empresas dedicadas a la difusión de información.
Si en México se tomara una medida similar a la que prevalece en España, el gasto por publicidad en medios de comunicación se reduciría considerablemente. Sin embargo hace falta voluntad política para que se tome una medida similar.
La participación ciudadana
De acuerdo a los porcentajes de abstencionismo y costo de las campañas electorales en los últimos años, puede concluirse que un gasto mayor en campañas políticas no significa mayor participación ciudadana en las elecciones, indicó Andrés Valdez Zepeda. Ejemplo de ello es la participación ciudadana que se logró en los comicios de 1994 en comparación a la que hubo en el 2000.
En las elecciones de 1994 votaron un 74 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores y se hizo un gasto público de más de 414 millones de pesos.
De acuerdo a información dada a conocer por el Instituto Federal Electoral (IFE), en 1997 hubo un 58 por ciento de participación ciudadana y el monto de presupuesto para campañas fue de 2 mil 11 millones 493 mil pesos; en el año 2000 la participación fue del 62 por ciento y el monto de 3 mil millones 912 mil pesos.
Achicarles el pastel
Los investigadores coincidieron en que es necesario reducir la tajada de presupuesto público a los partidos políticos. “Si se les disminuyera en un 35 por ciento no afectaría sustancialmente la calidad de la democracia, ni la participación ciudadana en las elecciones. Lo único que pasaría es que los presidentes de los partidos políticos, los dirigentes partidistas y los candidatos se limitarían en sus gastos.
En lugar de reunirse en restaurantes caros y hospedarse en hoteles de lujo, con cargo al presupuesto público, pagarían lugares más modestos.
En lugar de tener Suburban de lujo para movilizarse, lo harían en automóviles menos caros. Esto sí se puede hacer, solo hace falta un poco de voluntad política, señaló Valdez Zepeda.”
Lo negativo del financiamiento público –añadió Marco Antonio Cortés Guardado– es que el pueblo es quien a final de cuentas paga las campañas políticas, para que en muchos casos lleguen al poder políticos ineptos. “Nos salen caros”
Los partidos políticos son imprescindibles para encauzar la lucha política y formar gobiernos, pero han dejado de lado actividades que podrían realizar para obtener ingresos para sus campañas, las han desestimado. “Para quitar un peso al gasto público podrían organizar rifas, obtener ingresos a través de las aportaciones de sus miembros y militantes. Esa debería ser la parte más importante del financiamiento de los partidos políticos”.
En México se otorga financiamiento al candidato más gris, a aquel que no tiene la menor posibilidad de ganar, tiene asegurados recursos para sus campañas .
En teoría el financiamiento público evita que dinero mal habido termine en campañas electorales y que los candidatos se vean obligados a llegar a convenios oscuros y no publicables con las fuentes de financiamiento. El problema es que el actual esquema no garantiza eso. Muestra de ello son los casos Pemexgate y Amigos de Fox.
Si el grueso del financiamiento no dependiera del erario público sino de la sociedad y sus afiliados, el partido político que tenga más prestigio entre la ciudadanía, sería el que mayores posibilidades de apoyo tendría.
El sistema de financiamiento actual de los partidos políticos fue funcional en algún tiempo. “La oposición no tenía recursos, necesitaba recibir aliento para poder enfrentar años de segregación y predominio de un partido oficial de corte aplanadora. Era necesario inyectar recursos para que creciera la oposición política en el país”.
En la actualidad vivimos un momento histórico en el que el esquema de financiamiento debe revisarse, deben reducirse los fondos públicos destinados a los partidos políticos.
Esta opción requiere lineamientos jurídicos precisos. Es tiempo de cambiar la legislación electoral, de manera que haya una normatividad más estricta en materia de financiamiento.
El investigador se pronunció porque la reducción de los recursos públicos a los partidos políticos sea gradual.
El problema es el siguiente, añade Jorge Alberto Alatorre, profesor investigador del CUCSH, es necesario hacer reformas a la legislación electoral para reducir los topes de campaña, “pero son los legisladores quienes las deben de hacer, y…. ¿de quién dependen los diputados?…. estamos inmersos en una especie de círculo vicioso donde diputados que representan intereses de los partidos, no de la ciudadanía, van a propugnar porque los partidos de los que ellos emanan tengan las mayores posibilidades de conseguir más escaños, mayor presupuesto, más gobiernos y mejores posiciones”.
