La impunidad, la utilización del ejército en labores de seguridad y la injerencia de la política en el cumplimiento de la ley son tres aspectos que afectan los derechos humanos, rasgos que comparten los países de América Latina, a decir de Pedro Trujillo Álvarez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, invitado al Congreso internacional sobre derechos humanos, justicia y grupos vulnerables que tuvo lugar en la Universidad de Guadalajara (UdeG), del 31 de mayo al 2 de junio.
En entrevista, Trujillo Álvarez afirmó que, aunque en algunos países estas tres características varían en intensidad, siempre están presentes. En el caso de México se presentan más problemas por la “actuación displicente” de las fuerzas de seguridad, luego por la falta de acción judicial y tercero por la injerencia de la política en el gobierno.
El congreso fue realizado en un esfuerzo conjunto de esta Casa de Estudio, a través de los centros universitarios de Ciencias de la Salud (CUCS), de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y del Sur (CUSur); del Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; la Fiscalía de Derechos Humanos del Estado de Jalisco; la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); la Universidad Enrique Díaz de León; la Fundación de Victimología en Murcia, España, y la Escuela de DDHH y DDHHI y Asuntos Jurídicos, de Colombia.
Durante la inauguración del congreso en el Paraninfo Enrique Díaz de León, el Rector General de la UdeG, Miguel Ángel Navarro Navarro, afirmó que esta institución debe contribuir al estudio y comprensión de los derechos humanos y establecer “un compromiso cabal” en relación con éstos.
“Estamos seguros de que es por medio de ellos que se garantiza la dignidad de la persona y se facilita la convivencia armónica en la sociedad. Nuestra misión es formar ciudadanos con valores y principios sólidos que, además de aportar sus conocimientos y habilidades a la sociedad, sean conscientes de sus responsabilidades éticas, sociales y de solidaridad con los demás”, dijo Navarro Navarro.
Impunidad y ejército
En todos los países latinoamericanos existe un mayor o menor grado de aplicación de la justicia. En Guatemala, por ejemplo, la impunidad llega a 90 por ciento de los delitos, precisó Trujillo Álvarez.
El director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín y ex observador de las Naciones Unidas, explicó que esto repercute directamente en las víctimas no sólo en los casos de violación de derechos humanos, sino en las que sufren delitos en general, a quienes el sistema de justicia no los satisface, ya sea porque los delitos no se investigan, porque las investigaciones se hacen mal o simplemente porque las autoridades cierran los ojos ante intereses particulares o deficiencias judiciales.
Es común que los gobiernos de la región utilicen al ejército cuando las corporaciones de seguridad del Estado actúan mal o son insuficientes, aunque las fuerzas castrenses “no siempre lo hacen con la eficacia que uno quisiera y a veces es peor el remedio que la enfermedad”.
Aseguró que en algunos países llevan a cabo la incursión de las fuerzas militares “de forma descarada” y pocas veces se hace de manera velada, pero siempre teniendo la bandera de la seguridad.
“La mayor parte de las constituciones latinoamericanas lo primero que indican es que el Estado tiene que velar por la seguridad, el bien común y la paz, basándose en eso los gobiernos dicen ‘vamos a utilizar todos los medios para la seguridad’ sin reflexionar que no han sido capaces de dar esa seguridad con las fuerzas ya existente y, si lo piensan, lo ocultan”, refirió.
De esta manera utilizan al ejército para arreglar su mala actuación. Además, esa idea es aceptada por mucha parte de la población que piensa que al fin el gobierno hará algo, “sin darse cuenta que muchas veces es soltar el lobo en el gallinero”.
“El ejército tiene su papel, pero no es el de hacer labores policiales puras y duras. La medida se justifica, es bien percibido por la ciudadanía, pero el resultado es contraproducente”, recalcó.
Por su parte, Gabriel Paz, director del Instituto de Investigaciones en Defensa y Seguridad de la Universidad del Salvador, Argentina, dijo que las actividades de inteligencia realizadas por los países del continente en pro de la seguridad deben estar correctamente fundadas en la ley y reguladas conforme lo que establecen las normas para no caer en violaciones a los derechos humanos.
“Aquellas cuestiones que eventualmente puedan afectar aspectos relativos a la intimidad de las personas o a la libertad de ellas deben ser autorizadas por la ley y llevadas adelante con los procesos que establece. Una de las graves cosas que a veces se ve es el empleo de la fuerza fuera del contexto legal. Esto está permitido sólo en la medida en que se adecue a determinadas circunstancias o que sean dentro de las previsiones de la ley”, aseguró.
Educación enfocada en DH
El respeto a los derechos humanos comienza en el respeto a las normas de convivencia y en una educación en la que la legalidad y la igualdad estén por encima, afirmó el titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano y exrector General de la UdeG, José Trinidad Padilla López.
En uno de los paneles de discusión del congreso, Padilla López aseguró que si bien el trabajo de las instituciones garantes del ejercicio de los derechos humanos es indispensable, también es fundamental promover para que estos derechos se conviertan en “una cultura arropada por los ciudadanos”.
Afirmó que además esta cultura debe ser promovida desde las instituciones educativas, pero también en el entorno familiar y en general en la sociedad.
“Los derechos humanos no pueden ser introyectados si no forman parte de una cultura del respeto a la legalidad, de una educación del ciudadano. No podemos hablar de una cultura de derechos humanos si nuestros niños están dejados al garete y no tienen acceso a sistemas educativos formales. Si lo que aprenden es que la única manera de prevalecer y sobrevivir es ser un poco más gandalla que el vecino para así lograr la prevalencia, esa cultura se reproduce, ese respeto a las garantías no va a existir”, afirmó.
Padilla López dijo que millones de niños y adultos en América Latina viven actualmente en condiciones de pobreza, maltrato y expuestos a diversos tipos de violencia física, sociológica y social.
“En muchas partes de nuestro continente persisten con frecuencia unas soberanías inacabadas que merman las capacidades estatales para hacer valer los preceptos del derecho, evidenciando, muchas veces, la debilidad estructural de las instituciones para materializar de manera efectiva sus mandatos legales”, declaró.
Añadió que la falta de oportunidades para la educación, un empleo bien remunerado, vivienda digna y un entorno habitable en condiciones de seguridad y salud, “son realidades que nos recuerdan lo mucho que queda por hacer” en las sociedades modernas.
El magistrado Ricardo Suro Esteves, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, afirmó que los grupos vulnerables representan un estado de debilidad, abandono y discriminación social, lo que obliga a las instituciones públicas y privadas a actuar conjuntamente para revertir esta problemática.
Aseguró que la percepción negativa del Sistema Acusatorio Adversarial en México supone un reto para los encargados de impartir justicia, para hacer que éste funcione de la mejor manera y garantice el respeto a los derechos humanos.
“Toda persona tiene derecho de ser tratada con dignidad y respeto, por lo que es necesario seguir esforzándonos desde nuestro espacio de trabajo en hacer lo que nos corresponde, comprometiéndonos siempre con el bienestar de la sociedad a la que todos pertenecemos”, recalcó.
