La Presa de Arcediano, en la barranca de Huentitán, que impulsó el gobierno del estado entre 2003 y 2007, aún tiene dos deudas: la social, por la afectación a desplazados y la cultural, por desmantelar el primer puente colgante de América Latina, construido por el ingeniero Salvador Collado. Con la desaparición del puente se demolió una parte de la historia que daba identidad a la región y a la memoria colectiva cotidiana de quienes tenían por paseo la bajada a la barranca o vivían a orillas del Rio Santiago.
A cuatro años de las afectaciones, el arquitecto Ignacio Gómez Arriola, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Jalisco, asegura que la responsabilidad de lo devastador del proyecto es del gobierno del estado.
“La idea original de CEA (Comisión Estatal del Agua) era arrasar con todo, como arrasaron con el pueblo. Nosotros planteamos la posibilidad de que se pudieran desmontar las partes originales y reconstruir un poco más adelante, a unos 700 metros el puente, y recuperar los elementos originales”. Sin embargo, la construcción de la presa de Arcediano estaba llena de inconsistencias.
Era sencillo pronosticar una afectación al patrimonio cultural. Si bien el INAH es la máxima autoridad en el país para determinar lo que es valioso y debe conservarse en su forma, contexto y sitio de origen, según Gómez Arriola, como dependencia “se integraron al proyecto de la presa sólo para aminorar los daños a la historia de Jalisco”.
En este plan de dotar de agua a Guadalajara sólo han ganado empresarios licitadores de servicios, como la constructora de Colima (D’Concrefocc, S. A. de C. V.) por reubicar el Puente de Arcediano. La CEA en 2006 le dio 13 millones de pesos, pero –según Gómez Arriola– “le tocó a una empresa muy mala, que hizo un trabajo muy deficiente. Se desmontó el puente, y parece que tuvo un problema de tipo legal con el CEA, se gastaron todo el dinero, pero no terminaron la obra y en la actualidad sigue suspendida”.
Duplicidad de atribuciones
La política del gobierno del estado de intercambiar, cada que puede, un fragmento de historia, identidad, pasado y bienes particulares, por jugosos negocios y absurdas soluciones para la gestión del agua, detona que proyectos de este tipo tengan un altísimo costo monetario y social, ya que por las mismas tareas que haría la empresa licitadora y que cobro la constructora de Colima, la arquitecta Liza Tapia García ganó por asesoría 409 mil 975.64 pesos, en dos contratos, en 2003 y 2005.
A cuatro años de haber perdido patrimonio histórico de la nación, la CEA continúa echando toda su artillería contra otros pueblos y monumentos históricos al pretender inundarlos, como lo intenta ahora con su proyecto de la Presa Zapotillo en los Altos de Jalisco.
Gómez Arriola afirma que “aún el CEA tiene un compromiso ético y moral de restituir ese patrimonio, que por su mala gestión se desmontó. El gobierno del estado debe asumir una actitud de recuperar eso”.
Inundan la historia de Jalisco
Al cierre de esta edición, el ingeniero Ricardo Robles Varela, de la Unidad ejecutora de abastecimiento y saneamiento, de la Comisión Estatal del Agua, refirió que han regresado para continuar con los trabajos de recuperación del puente a 800 metros de su ubicación original, para –ahora sí– reinstalar el monumento histórico.
Esto costará 13 millones de pesos, que sumados a los primeros adjudicados, da un total de 26 millones de pesos para volver a tener el puente de Arcediano. Aunque con el paso de los años y el olvido en que quedó una vez desmantelado, ya no se conserven las piezas originales.
