Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no actúan en contra de la democracia, pero sí de las mayorías y de las autoridades que, en un determinado momento, tomen decisiones sin tomar en cuenta a la Constitución, afirmó José Ramón Cossío Díaz, ministro de la SCJN, en la conferencia “La legitimidad democrática del juez constitucional y el efecto de sus sentencias”, que impartió en el auditorio central del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).
Explicó que los tribunales constitucionales tienen la posibilidad de declarar inválidas aquellas normas —tal vez democráticas y aprobadas por unanimidad— que violentan los derechos constitucionales.
Cossío Díaz detalló que los tribunales constitucionales tienen como función salvaguardar el funcionamiento de la democracia y cuidar su integridad mediante el mantenimiento de aquellas libertades y derechos que son necesarias para esos fines, como la libertad de expresión, tránsito, reunión y asociación, entre otros.
Detalló que la SCJN debería ser medida por la capacidad que tenga de sostener y tratar de ordenar la realidad en función de los derechos humanos y categorías constitucionales, y advirtió sobre el riesgo de que los ministros de esta corte jueguen al político, haciendo caso a las encuestas y opiniones públicas, ya que serían confundidos con lo que tratan de regular y racionalizar, y no tendrían razón de ser.
Reconoció que en la Suprema Corte tienen que tomarse decisiones que no son populares, y añadió que sostener el mandato constitucional es complicado, porque genera consecuencias a veces dolorosas, pero es parte de la racionalidad que se debe mantener.
En la SCJN los jueces constitucionales no actúan a capricho o por ocurrencia, dijo. Tienen que observar un conjunto de reglas institucionales, expresarse en un lenguaje determinado, con las categorías jurídicas correctas y ajustarse a los protocolos al momento de la discusión.
