Tintes políticos y control de las instituciones de justicia desde la presidencia rodean las reformas al sistema de justicia penal mexicano, presentadas por Vicente Fox al Senado de la república, y que podrían ser analizadas el 21 de junio, de aprobarse un periodo extraordinario de sesiones, al que convocó la Comisión permanente del Congreso de la Unión.
La propuesta foxista ha sido analizada durante más de un año de manera puntual y minuciosa, pues plantea un cambio toral en el sistema penal mexicano.
Las reformas consideran la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General de la Federación. De aprobarse, permitirían al ejecutivo “protegerse” una vez terminada su administración, y aunque tendría autonomía, habría tintes políticos de por medio.
“Fox nombraría a un fiscal general para un periodo de cinco años, con posibilidad de permanecer dos más. Si por alguna razón el mandatario nacional fuera sujeto a algún tipo de investigación penal luego de dejar su cargo, tendría el control de las decisiones que ahí tomen”, indicó el jurista Rafael de la Cruz, de la división de estudios jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
De acuerdo con el proyecto, la fiscalía tendría libertad para conformar un órgano técnico, ajeno a intereses de partidos o grupos, que pueda actuar sin consignas, con el fin de que prevalezcan criterios jurídicos y eviten interferencias políticas en las tareas de investigación o acusación.
Las reformas prevén crear una Secretaría del Interior, dependencia que aglutinaría a todas las corporaciones federales encargadas de la seguridad, y la implementación de juicios orales y fiscales, en lugar de ministerios públicos, como en Estados Unidos, medida que no consistiría más que en cambiar el nombre a las audiencias de vista.
“El juicio oral no está plasmado en el Código federal de procedimientos penales ni en la constitución. Por esto solo darán otro nombre a las audiencias en que el ministerio público y la defensa presentan sus conclusiones y las últimas pruebas para dictar sentencia”.
El especialista en derecho penal aseveró que solo habría un beneficio relativo para los ciudadanos, pues estas reformas no significan un cambio real en las instituciones de justicia.
“Si las leyes no son respetadas, las reformas de nada sirven. Han tratado de cambiar nombres y modificar la legislación, porque en otro lugar esto ha dado resultados, pero mientras no transformemos la mentalidad de quien aplica la ley, será difícil que estos proyectos funcionen y que tengan resultados positivos para la ciudadanía”.
Lo que hacía falta
Un aspecto benéfico de este paquete de reformas radica en la Ley general de justicia penal para adolescentes, que permite a los infractores de 12 a 18 años tener juicios justos.
“Un delincuente tiene todos los derechos garantizados en la constitución, algo que no ocurre con un menor, pues en los consejos tutelares no permiten a los muchachos tener abogado y, por lo tanto, probar su inocencia. Esta legislación pretende elevar a categoría constitucional ese tipo de derechos”.
Lo anterior no significa una reducción en la edad penal, “sino generar las mejores condiciones para su internamiento y readaptación”.
