Armas un problema de salud pública

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Las muertes por armas de fuego y por accidentes de tránsito son problemas que pueden impactar la esperanza de vida, de manera similar a la diabetes, por lo que deben ser combatidas no sólo desde el punto de vista de la seguridad, sino con políticas públicas sanitarias, considera Guillermo Julián González Pérez, investigador del Centro de Estudios en Salud, Población y Desarrollo Humano, de la UdeG, quien estudia desde la década pasada la violencia y su relación con la salud.

La esperanza de vida es uno de los indicadores más valiosos para poder resumir las condiciones de vida de una población. El INEGI informó que en 2013 era de 74.9 años para los mexicanos.

En cuanto a las principales causas de muerte, la diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, las del hígado y las cerebrovasculares fueron registradas como las principales, que representan el 37.8 por ciento de las defunciones totales. De éstas, el 11.2 por ciento fue catalogado como de muertes externas, es decir, accidentes de tránsito, homicidios y suicidios.

Armas de fuego
De 2000 a 2012 en México ocurrieron casi 140 mil muertes por armas de fuego. “La mayoría se registran en personas entre 15 y 30 años de edad y por eso tienen una repercusión en la esperanza de vida, ya que una persona que muere a los 20 años, deja de vivir más de 50, mientras que la diabetes provoca más muertes, pero a edades más avanzadas”, informó González Pérez, autor de la investigación “Mortalidad por armas de fuego y esperanza de vida en México: un problema de salud pública”.

El especialista del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), refirió que su intención es demostrar que las armas de fuego son en sí mismas un problema que, si bien es de seguridad pública en términos generales, afecta en cierta medida a la salud de la población, problemas que también “tienen que ser vistos desde una perspectiva sanitaria”.

“Cuando uno analiza la mortalidad por armas de fuego de muchos países europeos, vemos que es sumamente baja. No sucede así en Estados Unidos, que tiene una mortalidad más baja por armas de fuego en comparación con México”.

El investigador ejemplificó que por lo general “no se categorizan las armas de fuego como una causa, sino que se habla de homicidio o suicidio, de accidentes o de otros eventos que no se sabe por qué se produjeron”, por lo que “prácticamente nadie ha pensado que las armas de fuego tienen que ver con la salud pública”.

González Pérez enfatizó que estos problemas tampoco se puede tratar únicamente a través del área de salud, ya que el tráfico de armas es un asunto intersectorial: “Se calcula que 15 millones de armas de fuego circulan en México, donde existen leyes restrictivas o que no se cumplen adecuadamente”.

Posesión de armas
A través de otro estudio que realizó el académico y que involucró encuestas a más de 600 estudiantes de la Red Universitaria, encontró que existe una proporción elevada de jóvenes que consideran que es bueno tener un arma de fuego para protegerse, por su miedo y desconfianza en las autoridades.
Persiste “la idea de que las armas sirven para defenderse. Hay una proporción del 35 por ciento, aproximadamente, de jóvenes universitarios que desean tener un arma de fuego. La gente quiere poseer algo para defenderse, porque asume que no los defienden adecuadamente”.

De acuerdo con información del undécimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI, en marzo de 2016, un 69.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro; el 80 por ciento dijo sentirse inseguro en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 72.7 en el transporte público, 64.8 en el banco y 61.3 por ciento en las calles por las que habitualmente transita. Le siguen carreteras, mercados, centros recreativos, automóvil, centro comercial, escuela, trabajo y en último lugar la casa.

La conclusión del investigador del CUCS es que analizar estos problemas también desde la salud podría ayudar por lo menos a reducirlas, a la vez de establecer políticas públicas y vigilar su cumplimiento.