Las 11 reformas estructurales efectuadas en los dos primeros años del mandato de Enrique Peña Nieto, se convierten en referentes obligados para alimentar los contenidos de los nuevos planes de estudio universitarios, pues no se limitan sólo a los renglones para las que fueron creadas, sino que impactarán de manera colateral en todos los ámbitos de la vida pública y privada y en todas las ramas del derecho, por lo que la Universidad de Guadalajara prepara a los alumnos de las carreras y posgrados para que puedan afrontar dicha realidad.
“Si bien es cierto que las reformas aprobadas ya forman parte del derecho positivo, también lo es que éstas deben positivarse socialmente, es decir, necesitan ser convertidas en derecho positivado por la sociedad mexicana, pues ésta necesita conocer a ciencia cierta su sentido y la forma en que las nuevas normas van a cumplirse y también van a hacerse cumplir”, señala Raúl Bermúdez Camarena, secretario académico de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
“Para evaluar el sentido real y el impacto social de las reformas, necesitamos dejar correr por lo menos un sexenio o un decenio, para entonces hacer un corte arbitrario, y revisar los indicadores de cada una de las reformas, para medir el nivel de cumplimiento de las normas que las sustentan”.
Las 11 reformas son la educativa, energética, financiera, hacendaria, laboral, político electoral, de telecomunicaciones, transparencia, competencia económica, la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo.
En el CUCSH realizan procesos de actualización curricular en la División de Estudios Jurídicos, a través de los programas de estudio y de las asignaturas, no sólo porque la normativa universitaria establece la renovación de estos contenidos de planes de estudio, sino porque consideran que la formación de los abogados así lo requiere.
“Las 11 reformas del presidente Enrique Peña Nieto impactan un proyecto de reforma curricular superior al 20 por ciento de los contenidos del plan XXIV para la carrera de abogado, en la Universidad de Guadalajara. Desde otra perspectiva, resulta necesario advertir que la formación de los abogados en la División de Estudios Jurídicos está sistematizada de acuerdo con el nivel académico que se aspira obtener. La licenciatura forma al abogado postulante básico que litiga en los tribunales. La maestría lo habilita para la docencia, y el doctorado le da los instrumentos necesarios para convertirse en investigador formal de las disciplinas jurídicas”.
En cuanto a las actividades extracurriculares, históricamente éstas han sido organizadas dentro del programa de extensión de la cultura jurídica, cuya cara visible es, desde hace 18 ediciones, el Encuentro Internacional de Juristas, celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Señala además que “el nutrido grupo de jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores que han pasado por nuestras cátedras. Igual se puede decir de los juristas dedicados a la investigación, famosos por sus obras doctrinarias, que han impulsado la actualización de distintos campos disciplinares del derecho”.
Recuerda que hace aproximadamente un mes, la Universidad de Guadalajara fue inscrita en el registro de la SETEC, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para iniciar formalmente las actividades de capacitación para los siete perfiles de operadores que participan en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial en el estado de Jalisco. Además de que la Universidad de Guadalajara ganó una licitación pública nacional presencial para capacitar a las autoridades.
“Al ganar la licitación se hace necesario realizar los procesos de capacitación, a través de la infraestructura desarrollada por la Universidad de Guadalajara a lo largo del territorio jalisciense, del 17 de septiembre al 30 de noviembre de 2014, para ajustar un programa estratégico de acuerdo con el cronograma de gradualidad aprobado por el Consejo de la Judicatura local, para ir incorporando los nuevos distritos judiciales al sistema de justicia penal acusatorio adversarial”, concluyó Bermúdez.
